Javier Huerta, Kaos en la Red, 30 de julio 2026
https://kaosenlared.net/nicaragua-a-47-anos-del-triunfo-de-la-revolucion-sandinista-poder-para-el-pueblo/
A 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista, la batalla mediática internacional intenta convertir la defensa de la soberanía en el «fin de la democracia».
De Sandino al Pueblo Presidente. A las puertas de cumplirse veinte años de la segunda etapa de la Revolución, Nicaragua reivindica un modelo de democracia basado en la soberanía nacional, la participación popular y la construcción colectiva del desarrollo.
Poder para el pueblo: democracia, soberanía y la batalla por el relato
Hasta hace apenas unos días, este iba a ser un artículo conmemorativo. Mi intención era recorrer los 47 años transcurridos desde aquella madrugada del 19 de julio de 1979 en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entró victorioso en Managua y puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Quería escribir una crónica sobre la evolución de la Revolución Popular Sandinista (RPS), sobre sus dos grandes etapas de gobierno, sobre los 17 años de resistencia durante el periodo neoliberal y sobre las profundas transformaciones que Nicaragua ha experimentado desde el regreso del sandinismo al poder en 2007.
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos tras la celebración del 47.º aniversario obligan a cambiar el punto de partida.
En cuestión de horas, un fragmento de apenas unos segundos del discurso pronunciado por el Comandante Daniel Ortega dio la vuelta al mundo. La frase «Se acabaron las elecciones» fue reproducida por grandes agencias internacionales, cadenas de televisión, periódicos y miles de cuentas en redes sociales como si constituyera la prueba definitiva de que Nicaragua acababa de anunciar el final de la democracia. El resto del discurso —más de una hora de intervención dedicada a la soberanía nacional, la historia de las intervenciones estadounidenses, el nuevo escenario multipolar, la defensa de Cuba y Venezuela, el papel del pueblo organizado y el rechazo a la injerencia extranjera— desapareció prácticamente del relato mediático.
No se trató únicamente de un problema de edición periodística. Lo ocurrido constituye un ejemplo casi perfecto de la forma en que hoy se libran muchas de las disputas políticas internacionales. Ya no basta con ejercer presión económica, diplomática o militar sobre un país. En la era de la comunicación instantánea, también se disputa el control del significado de las palabras. Un vídeo de diez segundos puede recorrer el planeta antes de que millones de personas tengan oportunidad de escuchar o ver el acto celebración completo. Un titular puede fijar una interpretación que difícilmente será corregida después, incluso cuando aparezcan las transcripciones íntegras o los propios protagonistas expliquen el contexto de sus declaraciones.
La velocidad se ha convertido en una herramienta política. En el ecosistema digital, los algoritmos premian el impacto inmediato por encima del contexto; una frase aislada desplaza al argumento, la emoción sustituye al análisis y una imagen termina imponiéndose a la historia.
Por eso, antes de responder a la pregunta de si Nicaragua sigue siendo o no una democracia, conviene formular otra, mucho más profunda y probablemente más incómoda.
¿Qué entendemos realmente por democracia?
Porque el verdadero debate abierto tras el 19 de julio quizá no sea si Nicaragua celebrará elecciones. La cuestión de fondo es otra: ¿puede reducirse la democracia al acto de depositar una papeleta en una urna cada cierto número de años, o también debe medirse por la capacidad efectiva de un pueblo para decidir soberanamente su propio destino y garantizar derechos fundamentales a la mayoría de su población?
Esa pregunta ha acompañado la historia contemporánea de Nicaragua desde mucho antes del triunfo revolucionario de 1979.
Cuando Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para enfrentarse a la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933, no estaba luchando únicamente contra una presencia extranjera. Estaba defendiendo una idea de país. Para el general, la independencia política carecía de sentido si las grandes decisiones nacionales seguían tomándose fuera de Nicaragua. Su lucha no fue solamente militar; fue también una defensa de la soberanía popular frente a cualquier forma de tutela externa. Aquel pensamiento, convertido con el tiempo en uno de los pilares ideológicos del FSLN, sigue presente casi un siglo después en buena parte del discurso político nicaragüense.
La historia posterior parece darle continuidad a esa misma tensión. Tras el asesinato de Sandino en 1934 se consolidó la dictadura de la familia Somoza, sostenida durante décadas por el respaldo político, económico y militar de EEUU. Durante más de 40 años, Nicaragua conoció elecciones, constituciones y parlamentos, pero el poder real permanecía concentrado en una de las dictaduras más longevas del continente. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país: podía haber urnas sin democracia, del mismo modo que podían existir instituciones formales incapaces de representar realmente la voluntad popular.
Esa memoria explica por qué el sandinismo ha insistido históricamente en una idea que para muchos observadores occidentales resulta poco habitual: la democracia no termina cuando se cierran las urnas; comienza precisamente al día siguiente.
Desde esa perspectiva nace uno de los conceptos políticos más repetidos por el Gobierno nicaragüense durante los últimos años: el Pueblo Presidente. No se trata únicamente de un lema propagandístico, sino de la formulación de una determinada manera de entender el ejercicio del poder y la democracia. Según esta concepción, la participación ciudadana no se limita al voto periódico ni la soberanía popular concluye cuando se cierran las urnas. Al contrario, ambas se proyectan de forma permanente a través de los barrios, las comunidades, las cooperativas, los gabinetes locales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de productores, así como en los distintos espacios de organización popular que intervienen en la vida cotidiana del país. Se trata, en definitiva, de una ciudadanía organizada que participa activamente en la construcción cotidiana de la nación, expresando esa soberanía en la planificación y desarrollo de escuelas, hospitales, cooperativas, carreteras, sistemas de agua potable, redes eléctricas, universidades y programas sociales.
Puede compartirse o discutirse, pero difícilmente comprenderse sin tener presente esa diferencia de concepción democrática. Como ha señalado el periodista y analista nicaragüense William Grisby, en sus reflexiones posteriores al acto conmemorativo, la controversia no enfrenta únicamente posiciones políticas distintas; enfrenta dos definiciones diferentes de democracia. Desde esa perspectiva, el sufragio constituye el punto de partida, no el punto final, del ejercicio democrático.
De Sandino al Pueblo Presidente: una historia de soberanía y democracia
La RPS no nació únicamente para sustituir un gobierno por otro. Nació con la pretensión de transformar la estructura misma del Estado nicaragüense y de devolver al pueblo un protagonismo político, económico y social que durante décadas había permanecido secuestrado por una dictadura familiar sostenida desde el exterior.
El triunfo del 19 de julio de 1979 encontró un país devastado por la guerra insurreccional, con elevados índices de analfabetismo, una enorme concentración de la tierra, un sistema sanitario incapaz de atender a la mayoría de la población y profundas desigualdades entre el campo y la ciudad. La prioridad del nuevo Gobierno fue construir un Estado donde los derechos dejarían de ser privilegios.
Apenas un año después, más de 95.000 jóvenes voluntarios participaron en la histórica Cruzada Nacional de Alfabetización, desplazándose a las zonas más remotas del país para enseñar a leer y escribir. En apenas cinco meses, el analfabetismo se redujo de alrededor del 50 % a poco más del 12 %, un esfuerzo reconocido por la UNESCO como una de las campañas educativas más importantes del siglo XX. Aquella movilización no sólo enseñó a leer a centenares de miles de personas; simbolizó una forma de entender la democracia donde la participación popular se convertía en protagonista de las transformaciones nacionales.
Junto a la alfabetización llegaron la reforma agraria, la ampliación de la sanidad pública, las campañas masivas de vacunación y las primeras elecciones celebradas en 1984, en las que el Frente Sandinista obtuvo una amplia victoria con la participación de observadores internacionales. Sin embargo, el nuevo proyecto apenas tuvo margen para desarrollarse en condiciones de normalidad.
La administración de Ronald Reagan decidió convertir a Nicaragua en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría en América Latina. La financiación, entrenamiento y armamento de la llamada Contra, el minado de puertos, el embargo económico y las operaciones encubiertas provocaron un conflicto que dejó decenas de miles de muertos, enormes pérdidas materiales y obligó al país a destinar buena parte de sus escasos recursos a la defensa nacional en lugar de al desarrollo.
En 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a EEUU por el uso ilegal de la fuerza contra Nicaragua y por violar el derecho internacional. Washington rechazó la sentencia y nunca cumplió la indemnización impuesta por el tribunal, estimada posteriormente por Nicaragua en alrededor de 17.000 millones de dólares por los daños humanos, económicos y materiales sufridos. Aquella resolución continúa siendo uno de los precedentes jurídicos más importantes del derecho internacional contemporáneo y sigue ocupando un lugar central en la memoria política del país.
El desgaste provocado por la guerra, el bloqueo económico y el cansancio acumulado durante una década de conflicto desembocaron en las elecciones de 1990. Aquella campaña electoral se desarrolló en condiciones profundamente desiguales. Diversos estudios estiman que EEUU destinó alrededor de 200 millones de dólares para respaldar política, económica y mediáticamente a la coalición Opositora (UNO), mientras el Frente Sandinista desarrolló su campaña con unos recursos muy inferiores, estimados en torno a cinco millones de dólares. La propia administración estadounidense presentó aquellos comicios como una elección entre la continuidad de la guerra y el levantamiento del bloqueo económico o un cambio de gobierno. La UNO, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, aglutinó a una heterogénea alianza de partidos, pero principalmente representó la convergencia de los intereses de los grandes grupos empresariales, de buena parte de las tradicionales élites económicas y terratenientes, de los sectores conservadores y de las fuerzas políticas alineadas con la estrategia de Washington para poner fin al proyecto revolucionario iniciado en 1979. Contra la mayoría de los pronósticos, el Frente Sandinista fue derrotado en las urnas.
Aquella noche, Daniel Ortega pronunció una frase que terminaría definiendo los siguientes diecisiete años: «Gobernaremos desde abajo.»
Aquel episodio continúa siendo citado por numerosos analistas, entre ellos Fabrizio Casari, como una de las pruebas de que el sandinismo aceptó el resultado de las urnas incluso cuando conservaba la fuerza militar suficiente para impugnarlo, priorizando la continuidad institucional sobre cualquier otra consideración política.
Aquellas elecciones dieron inicio a una etapa de 17 años de gobiernos neoliberales que, entre 1990 y 2007, impulsaron amplios procesos de privatización, redujeron el papel del Estado en sectores estratégicos y aplicaron políticas económicas promovidas por el llamado Consenso de Washington y por los organismos financieros internacionales. Durante este período, Nicaragua vendió empresas públicas, desapareció el histórico ferrocarril nacional, numerosos servicios pasaron a manos privadas y amplios sectores de la población volvieron a experimentar un deterioro de sus condiciones de vida..
La tragedia provocada por el huracán Mitch en 1998, una de las mayores catástrofes naturales sufridas por Centroamérica en el último siglo, agravó todavía más aquella situación. Miles de familias perdieron sus hogares, las infraestructuras quedaron gravemente dañadas y el país tuvo que afrontar una compleja reconstrucción en medio de una enorme fragilidad económica y social.
Cuando el Frente Sandinista regresó al Gobierno en enero de 2007 encontró un país muy distinto. La pobreza seguía afectando a una parte muy importante de la población; apenas el 54 % de los hogares disponía de suministro eléctrico, buena parte de las carreteras permanecían sin pavimentar, las infraestructuras sanitarias resultaban insuficientes y miles de comunidades rurales continuaban prácticamente aisladas durante buena parte del año.
Fue entonces cuando comenzó a tomar forma el concepto político que marcaría la segunda etapa de la Revolución Sandinista: el Pueblo Presidente.
No se presentaba únicamente como un cambio de Gobierno, sino como un modelo que pretendía combinar estabilidad macroeconómica, inversión pública, ampliación de derechos sociales y participación organizada de las comunidades en el desarrollo del país. La democracia dejaba de medirse exclusivamente por el calendario electoral para intentar expresarse también en indicadores mucho más tangibles: cuántas familias tenían acceso a la electricidad, cuántos niños podían estudiar gratuitamente, cuántas mujeres accedían a responsabilidades públicas, cuántos kilómetros de carretera conectaban por primera vez regiones históricamente olvidadas o cuántos pequeños productores conseguían aumentar sus cosechas gracias al crédito, la asistencia técnica y la inversión estatal.
Como recuerda el investigador británico Stephen Sefton, la Revolución Sandinista difícilmente puede entenderse como un episodio cerrado en 1979. Se trata de un proceso histórico de larga duración que ha atravesado victorias, derrotas, guerras, reconstrucciones y profundas transformaciones sociales, manteniendo siempre como eje una misma aspiración: el derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación. Desde Sandino hasta la sentencia de La Haya de 1986, desde la resistencia frente a la guerra de la Contra hasta el rechazo actual a las sanciones y a cualquier forma de injerencia exterior, la defensa de la autodeterminación aparece como el hilo conductor que articula las distintas etapas del proceso revolucionario. Más allá de los cambios económicos, sociales o institucionales, el sandinismo continúa situando la soberanía nacional como la condición imprescindible para que cualquier democracia pueda desarrollarse de forma efectiva.
Y es precisamente en los resultados concretos de ese segundo período, iniciado en 2007, donde el sandinismo sitúa hoy su principal argumento para sostener que la democracia también puede medirse por aquello que un pueblo es capaz de construir colectivamente.
La democracia también se construye
Existe una diferencia fundamental entre la concepción liberal de la democracia dominante en buena parte de Occidente y la idea de democracia que defiende la RPS. Mientras la primera suele identificar la democracia casi exclusivamente con la celebración periódica de elecciones, el sandinismo sostiene que el sufragio constituye sólo el punto de partida de un proceso mucho más amplio. Para la Revolución, una democracia auténtica debe ser capaz de transformar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. El voto otorga legitimidad; el desarrollo social le da contenido.
No como metáfora, sino como realidad. Una carretera significa que un productor puede sacar su cosecha al mercado sin perderla durante la estación lluviosa; que una ambulancia llega donde antes no podía hacerlo; que un estudiante tarda una hora en llegar a clase en lugar de cuatro; que una comunidad aislada deja de estar aislada. El cemento también construye ciudadanía cuando une territorios históricamente olvidados.
Dos décadas después del FSLN llegar al gobierno, el paisaje nacional ha cambiado de forma visible.
La cobertura eléctrica supera el 99 % de los hogares, situando a Nicaragua entre los países con mayor acceso universal a la energía en América Latina. Pero el cambio no ha sido únicamente cuantitativo. También ha sido estratégico. Si en 2006 el país dependía casi por completo del petróleo importado para generar electricidad, hoy cerca del 80 % de la energía producida procede de fuentes renovables —geotérmica, hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa—, reduciendo la dependencia exterior y fortaleciendo la soberanía energética.
La transformación también puede medirse sobre el terreno. Desde 2007 se han construido o rehabilitado más de 5.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, de modo que la red vial nacional supera ya los 6.000 kilómetros asfaltados, cuando en 2006 apenas rondaba los 2.300 kilómetros. A ello se suman decenas de puentes estratégicos —entre ellos el Puente Wawa— que han integrado definitivamente amplias zonas de la Costa Caribe y del interior del país al resto del territorio nacional. Son infraestructuras que rara vez aparecen en la prensa internacional, pero que modifican profundamente la vida cotidiana de cientos de miles de personas.
Durante estos años Nicaragua ha construido y modernizado hospitales en prácticamente todo el país, ampliando la atención especializada y acercando los servicios sanitarios a regiones que históricamente carecían de ellos. Nicaragua ha construido 43 hospitales nuevos en los últimos 20 años. La red pública nacional de salud pasó de tener 33 hospitales en el año 2006 a un total de 79 hospitales funcionando en 2026, consolidándose como la red hospitalaria pública más grande de Centroamérica. La salud pasa a entenderse como un derecho y no como un negocio.
A ello se suma una extensa red de Casas Maternas, reconocida por organismos internacionales por su contribución a la reducción de la mortalidad materna e infantil. Mientras numerosos países continúan registrando enormes desigualdades entre el ámbito urbano y el rural, miles de mujeres nicaragüenses pueden acceder gratuitamente a controles prenatales, alojamiento y atención especializada antes del parto.
Esa transformación también puede observarse en otros indicadores sociales. Entre 2005 y el periodo previo a la pandemia, Nicaragua redujo de forma sostenida tanto la pobreza general como la pobreza extrema. Según datos de organismos internacionales y de las instituciones nacionales, la pobreza general pasó de situarse en torno al 48 % a aproximadamente el 24-25 %, mientras que la pobreza extrema descendió desde cerca del 17 % hasta alrededor del 6-7 %, uno de los mayores avances registrados en la historia reciente del país. Paralelamente, el acceso al agua potable y al saneamiento continuó ampliándose mediante importantes inversiones públicas. La cobertura de agua potable supera hoy el 90 % de la población, mientras que los servicios de saneamiento han experimentado una expansión constante tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
La educación constituye otro de los pilares del modelo. La gratuidad restablecida desde 2007, la construcción y rehabilitación de centros escolares, la expansión de universidades públicas y centros tecnológicos y los programas de formación profesional han permitido ampliar notablemente el acceso al conocimiento. No es casualidad. La Revolución nunca ha entendido la alfabetización iniciada en 1980 como una campaña puntual, sino como el primer paso de una política permanente destinada a democratizar el saber.
La transformación económica tampoco puede comprenderse únicamente observando la evolución del PIB. Entre 2007 y 2025 las exportaciones prácticamente se triplicaron, mientras que el Banco Central fortaleció las reservas internacionales. Durante buena parte del periodo 2007-2018, Nicaragua mantuvo además una estabilidad macroeconómica reconocida incluso por organismos como el Fondo Monetario Internacional, antes de las crisis derivadas de 2018 y de la pandemia.
Paralelamente, Nicaragua ha intensificado la diversificación de sus relaciones internacionales. El fortalecimiento de los vínculos económicos, tecnológicos y de cooperación con países como China, Rusia e Irán, junto con el creciente interés por los espacios de cooperación impulsados por los BRICS y el nuevo mundo multipolar, responde también a una estrategia de soberanía económica. Desde la perspectiva del Gobierno sandinista, ampliar sus alianzas internacionales significa reducir dependencias históricas y disponer de un mayor margen de decisión sobre su propio modelo de desarrollo.
Especial relevancia adquiere el modelo de producción campesina y cooperativa. Actualmente, alrededor del 90 % de los alimentos que consumen los nicaragüenses procede de pequeños y medianos productores nacionales. Programas como el Bono Productivo Alimentario, Usura Cero o los créditos dirigidos a cooperativas rurales han buscado fortalecer precisamente esa economía familiar que garantiza la soberanía alimentaria del país y evita una dependencia excesiva de las importaciones.
Existe, además, un aspecto que desmonta buena parte de los estereotipos construidos sobre Nicaragua y que, paradójicamente, recibe muy poca atención en los grandes medios internacionales.
Mientras numerosos editoriales presentan al país como una supuesta «dictadura patriarcal», el Foro Económico Mundial sitúa desde hace años a Nicaragua entre los primeros países del planeta en participación política de las mujeres y en igualdad de género. Ministras, diputadas, alcaldesas, magistradas, jefas policiales, rectoras universitarias y dirigentes comunitarias forman parte de una realidad política difícilmente compatible con la imagen simplificada que con frecuencia proyecta la prensa occidental.
No es una casualidad. Las mujeres no llegaron a la Revolución después de la victoria. Ayudaron a hacerla posible. Combatieron contra la dictadura, organizaron barrios, alfabetizaron comunidades enteras y hoy continúan ocupando espacios fundamentales en la dirección política, económica y social del país. La igualdad no aparece como una concesión, sino como una consecuencia natural de aquel proceso histórico.
A todo ello se suma otro indicador que también ayuda a comprender la transformación del país. En una de las regiones más afectadas por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, Nicaragua mantiene desde hace años una de las tasas de homicidios más bajas de Centroamérica y figura habitualmente entre los países con mayores niveles de seguridad ciudadana y percepción de seguridad de la región. Para millones de nicaragüenses, esa realidad no constituye un dato estadístico aislado, sino una condición que influye directamente en su vida cotidiana, en la movilidad, en la actividad económica y en el ejercicio efectivo de otros derechos.
Nada de esto significa que Nicaragua haya resuelto todos sus problemas. Persisten desafíos económicos y sociales, así como las consecuencias de las sanciones y del contexto internacional. Pero ignorar las transformaciones de las últimas dos décadas impediría comprender por qué una parte importante de la sociedad nicaragüense continúa identificando esos avances con el proyecto político iniciado en 2007.
La última encuesta de M&R Consultores, situó la aprobación del Gobierno en el 88,5 % y mostró niveles igualmente elevados de respaldo a la estabilidad, la seguridad ciudadana y el rumbo general del país. Estos datos forman parte de la realidad política nicaragüense y ayudan a explicar por qué el sandinismo continúa conservando una amplia base social.
Más allá del balance que cada lector pueda hacer, existe un hecho difícilmente discutible: la Nicaragua de 2026 es muy distinta de la que el sandinismo encontró en 2007. Esa transformación constituye hoy uno de los principales argumentos con los que el Gobierno defiende su concepción del Pueblo Presidente y de la democracia. Precisamente en ese contexto deben interpretarse las palabras pronunciadas durante el acto del 19 de julio, que pocas horas después desencadenarían una intensa batalla internacional por el relato.
Acto celebración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cuando un aniversario se convirtió en una batalla por el relato.
Hay aniversarios que evocan el pasado y otros que terminan explicando el presente. Esta conmemoración del triunfo de la RPS, celebrada el 19 de julio de 2026 (ver video acto completo), pertenece a esta segunda categoría. Lo que comenzó como una jornada de memoria, celebración y reafirmación política acabó convirtiéndose, apenas unas horas después, en el centro de una intensa batalla mediática internacional. No porque en Managua ocurriera algo extraordinario respecto a la trayectoria política del sandinismo, sino porque apenas unos segundos del discurso presidencial fueron extraídos de su contexto y convertidos en el eje de una narrativa completamente distinta.
Desde primeras horas de la mañana, decenas de miles de personas comenzaron a ocupar la Plaza de la Fe. Combatientes históricos de la insurrección, madres de héroes y mártires, brigadistas de alfabetización, trabajadores, campesinos, estudiantes, representantes de movimientos sociales y delegaciones internacionales compartían un mismo espacio con miles de jóvenes nacidos mucho después de 1979. Aquella imagen condensaba uno de los mensajes más importantes de la jornada: la RPS no se presentaba como un recuerdo del pasado, sino como un proceso histórico que enlaza generaciones y continúa proyectándose hacia el futuro.
La apertura del acto estuvo a cargo de la Copresidenta Rosario Murillo, quien situó desde el primer momento el tono de la conmemoración. Su intervención estuvo marcada por una constante apelación a la paz, la unidad, la esperanza y la confianza en la capacidad del pueblo nicaragüense para seguir construyendo su propio destino. Más que detenerse en los logros materiales alcanzados durante estos años, insistió en una idea que recorrería toda la jornada: la Revolución sólo puede entenderse desde el protagonismo del pueblo organizado. Esa idea quedó sintetizada al cierre del acto cuando afirmó: «Todos los actos, todas las glorias y todas las victorias son del Pueblo», una frase que resume la concepción del Pueblo Presidente desarrollada durante las dos últimas décadas.
Sobre ese marco tomó la palabra el Copresidente Daniel Ortega. Su intervención recorrió la historia de las agresiones sufridas por Nicaragua, desde la ocupación estadounidense y la resistencia encabezada por Augusto C. Sandino hasta la guerra impuesta durante la década de 1980, el intento de golpe de Estado de 2018 y las actuales formas de presión política, económica y comunicacional ejercidas sobre los países que defienden proyectos soberanos. También situó la realidad nicaragüense en un escenario internacional marcado por el ascenso de un mundo multipolar y por las disputas geopolíticas que atraviesan América Latina.
En ese contexto, Ortega advirtió que los que desean caos se mantienen conspirando para crear inestabilidad, por tanto, ratificó el compromiso de defender la paz y el bienestar de Nicaragua y aquellos que pretendan arrebatar esa tranquilidad serán procesados con la contundencia de las leyes. Y afirmó que no se permitiría repetir episodios de violencia como los vividos en 2018.
“No crean que por no hay guerra estamos en paz. Ellos viven conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando como organizar partidos para que en una elección, que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones». agregó.
«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, dijo el líder sandinista.
Las citas resultan fundamentales porque muestran con precisión el sentido de sus palabras. Daniel Ortega no anunció el fin del sufragio.
Tras el discurso presidencial tomó la palabra la joven Darling Hernández, en representación de la juventud nicaragüense. Su intervención aportó un elemento especialmente significativo: la continuidad generacional de la Revolución. No habló desde la nostalgia de quienes vivieron 1979, sino desde la experiencia de una generación formada durante la segunda etapa del proceso revolucionario. Reivindicó a la juventud como protagonista de la construcción nacional y defendió una Nicaragua de paz, conocimiento, innovación, solidaridad y compromiso social. Su mensaje transmitía una idea clara: la Revolución sólo puede proyectarse hacia el futuro si las nuevas generaciones la hacen también suya.
En cuestión de unas horas, un fragmento de apenas unos segundos sustituyó al conjunto de un discurso de más de una hora. Y se iniciaba una nociva campaña mediática.
Los primeros grandes medios en difundir la interpretación de que Daniel Ortega había anunciado el fin de las elecciones fueron The New York Times, CNN en Español y el diario español El País. Sus titulares fueron rápidamente reproducidos por agencias internacionales, cadenas de televisión y plataformas digitales, fijando desde las primeras horas un marco interpretativo que condicionó buena parte del debate posterior.
La controversia no se limitó a la interpretación política del discurso. En un un análisis publicado días después por la investigadora y cooperante estadounidense Becca Renk Foster, recogía las observaciones de la traductora e intérprete Jill Clark-Gollub, especialista certificada en interpretación judicial en Estados Unidos, quien advertía que el significado atribuido internacionalmente a las palabras de Ortega sólo aparecía cuando la frase era interrumpida artificialmente antes de que el orador concluyera su razonamiento. Según Clark-Gollub, una traducción profesional debe respetar el contexto completo de la intervención y no aislar fragmentos que alteren sustancialmente el sentido del mensaje. La batalla por el relato señalaba implícitamente aquella reflexión, comenzó también en el propio proceso de traducción e interpretación del discurso.
La reacción política en EEUU fue casi inmediata, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un tweet afirmó que «La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EE.UU.«, dando por válida la interpretación difundida por los grandes medios.
Diversos analistas cuestionaron rápidamente esa lectura. El periodista estadounidense Ben Norton, denunció, dando respuesta al twuit de Rubio. Ben sostuvo que la versión difundida por Washington constituía una operación propagandística que omitía deliberadamente el contexto histórico del discurso. Recordó la financiación estadounidense de la Contra durante los años ochenta, el respaldo al intento de golpe de Estado de 2018 y la prolongada injerencia de Washington en la política nicaragüense, concluyendo que Ortega no estaba anunciando el fin de las elecciones, sino el rechazo a que partidos promovidos o financiados desde el exterior volvieran a gobernar el país.
En la misma línea, el periodista William Grigsby, en sus reflexiones, insistió en que el núcleo de la intervención presidencial no era la eliminación del sufragio, sino la reafirmación de que Nicaragua no volvería a aceptar que proyectos políticos subordinados a intereses extranjeros condicionaran el destino nacional. El investigador británico Stephen Sefton interpretó el acto como una nueva expresión de la continuidad histórica del proyecto iniciado por Sandino y consolidado en 1979, mientras que el corresponsal de Sputnik Víctor Ternovsky destacó el contraste entre la narrativa difundida internacionalmente y la realidad que pudo observar durante su estancia en Nicaragua, caracterizada —según explicó— por un clima de estabilidad, seguridad y un amplio respaldo popular al proceso revolucionario. En esa misma dirección, el analista italiano Fabrizio Casari sostuvo que el debate sobre el futuro marco jurídico electoral no puede comprenderse al margen de la larga historia de intervenciones estadounidenses en Nicaragua y del esfuerzo del Estado por preservar su soberanía política.
Las respuestas institucionales tampoco tardaron en llegar. En los días posteriores, la Copresidenta Rosario Murillo aclaró públicamente que habría «elecciones sí, libres, dignas y soberanas», insistiendo en que el debate nunca había girado en torno al derecho del pueblo a elegir a sus representantes, sino al rechazo de cualquier forma de tutela extranjera sobre los procesos políticos nacionales.
En la misma dirección se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al confirmar que el Parlamento trabajaba ya en el desarrollo de un nuevo marco jurídico electoral destinado a adaptar la legislación al modelo del Pueblo Presidente, reforzar la estabilidad institucional y garantizar que ningún poder extranjero pudiera volver a condicionar la voluntad soberana del pueblo nicaragüense. Lejos de tratarse de una reacción improvisada, aquellas declaraciones enlazaban con el proceso de adecuación institucional abierto tras la reforma constitucional, mostrando que el discurso pronunciado el 19 de julio formaba parte de un proceso político y legislativo más amplio.
Paradójicamente, la reacción internacional terminó reproduciendo el mismo fenómeno que el propio discurso presidencial denunciaba. Mientras Daniel Ortega advertía contra cualquier intento de condicionar desde el exterior la vida política nicaragüense, las primeras interpretaciones difundidas internacionalmente dieron lugar a una intensa presión diplomática y mediática destinada precisamente a cuestionar el futuro del sistema político del país antes incluso de conocerse el alcance de las reformas anunciadas.
Más allá de la polémica generada volvió a aparecer una pregunta que acompaña a Nicaragua desde hace casi un siglo: ¿quién decide el futuro del país? Para el sandinismo, esa respuesta sólo puede corresponder al propio pueblo nicaragüense. De ahí que el debate abierto tras el 19 de julio trascendiera la discusión sobre unas declaraciones concretas para situarse en un terreno mucho más profundo: el de la soberanía, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y la permanente disputa por el control del relato con el que esa realidad se presenta al mundo.
Nicaragua no está sola: el internacionalismo sigue defendiendo la Revolución Sandinista
Si algo demuestra la historia contemporánea de Nicaragua es que cada ofensiva política, económica o mediática contra la Revolución Sandinista ha encontrado también una respuesta solidaria más allá de sus fronteras. Así ocurrió durante los años ochenta, cuando miles de internacionalistas viajaron al país para participar en la Cruzada Nacional de Alfabetización, colaborar en brigadas agrícolas, construir escuelas, centros de salud o acompañar a un pueblo que resistía la guerra impuesta por la administración de Ronald Reagan.
Aquella solidaridad no desapareció con el final de la Guerra Fría. Evolucionó. Los desafíos cambiaron y también cambiaron las formas de acompañar al pueblo nicaragüense. Si entonces el internacionalismo se expresaba levantando escuelas o cosechando café junto a las cooperativas campesinas, hoy una parte esencial de esa tarea se desarrolla en otro escenario: el de la comunicación.
La controversia generada tras el acto del 19 de julio volvió a poner de manifiesto hasta qué punto la información se ha convertido en un nuevo campo de disputa política. En cuestión de horas, una intervención de más de una hora quedó reducida a un titular repetido por agencias internacionales, grandes cadenas de televisión y periódicos de referencia. Antes de que millones de personas pudieran escuchar el discurso íntegro, una interpretación ya había recorrido el mundo. En ese contexto, informar con rigor, traducir correctamente los discursos, contextualizar los acontecimientos, desmontar campañas de desinformación y ofrecer análisis alternativos constituye hoy una forma de solidaridad tan necesaria como lo fue, hace cuatro décadas, participar en una brigada de trabajo voluntario.
Ese nuevo internacionalismo continúa vivo a través de decenas de organizaciones repartidas principalmente por América Latina, Estados Unidos y Europa. Plataformas como la Nicaragua Solidarity Coalition, en Estados Unidos, o el Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista (CES-RPS), que coordina a numerosos comités de solidaridad europeos, desarrollan campañas de información, organizan brigadas, encuentros internacionales, conferencias y espacios de análisis destinados a dar a conocer la realidad de la Nicaragua actual y la transformación que vive el proceso revolucionario. Al mismo tiempo, trabajan para combatir la tergiversación de la información difundida por los grandes medios de comunicación y denunciar las amenazas, sanciones y otras formas de injerencia impulsadas por Estados Unidos y secundadas, en numerosas ocasiones, por distintos gobiernos e instituciones europeas.
Junto a estas plataformas, partidos políticos, sindicatos, colectivos y redes solidarias de países como Argentina, Chile, México, Italia, Alemania, Francia o el Estado español mantienen viva una tradición internacionalista que, lejos de desaparecer, ha sabido adaptarse a las nuevas formas de confrontación política y mediática. La solidaridad con Nicaragua continúa expresándose así tanto en el acompañamiento político y material como en la defensa del derecho del pueblo nicaragüense a explicar su propia realidad y decidir soberanamente su propio futuro.
Porque la defensa de la soberanía de Nicaragua ya no se libra únicamente frente a bloqueos económicos, sanciones o amenazas militares. También se disputa en el terreno donde hoy se construye la opinión pública internacional: el de la información. Allí donde determinados centros de poder intentan imponer un relato único sobre Nicaragua, continúa existiendo una red internacional de periodistas, investigadores, traductores, organizaciones solidarias y ciudadanos comprometidos que trabaja para ofrecer otra mirada y defender el derecho del pueblo nicaragüense a explicar su propia realidad con su propia voz.
A lo largo de casi medio siglo, los métodos de presión han cambiado. También lo han hecho las formas de la solidaridad. Pero permanece intacto el principio que las inspira: ningún pueblo debería ver condicionado su futuro por la voluntad de una potencia extranjera. Mientras existan intentos de intervenir en el destino de Nicaragua, seguirán existiendo también voces dispuestas a denunciar esas injerencias y a defender el derecho de los nicaragüenses a decidir libremente su propio camino.