John Perry, Labour Outlook, 29 de octubre de 2022
https://popularresistance.org/new-us-sanctions-are-designed-to-hit-nicaraguas-poorest-citizens/
La administración Biden ha anunciado nuevas sanciones que pretenden golpear a los nicaragüenses más pobres, tanto en sus bolsillos como en los servicios públicos del que dependen. Este último ataque a un pequeño país centroamericano se disfraza, como siempre, de promoción de la democracia: las sanciones "negarán al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua". Pero todo el mundo sabe que el verdadero objetivo son los ciudadanos nicaragüenses ordinarios que votaron abrumadoramente por el retorno de un gobierno sandinista en las elecciones del año pasado.
La minería de oro en Nicaragua es principalmente una actividad
artesanal de colectivos y cooperativas que suministran
la materia prima para su procesamiento (Foto: TN8)
La nueva sanción se dirige a "la industria del oro de Nicaragua", con el mensaje implícito de que esto golpea el cofre del tesoro personal del presidente Daniel Ortega. La realidad es muy distinta. La minería del oro en Nicaragua - que en general se lleva a cabo de forma menos perjudicial para el medio ambiente que en la mayoría de los países - es una gran industria de exportación, que da empleo a miles de personas en una de las regiones más pobres del país. T
ambién genera importantes ingresos fiscales para el gobierno, que ayudan a financiar sus enormes programas sociales. Las sanciones no sólo afectan al negocio de la minería del oro, sino a todas las personas que participan en su gestión. El objetivo evidente es ahuyentar a los inversores, administradores y técnicos del sector: ponga su dinero en Nicaragua y perderá los activos que tenga en bancos estadounidenses, es el mensaje explícito.
¿Fue una coincidencia que las sanciones se anunciaran el mismo día en que el gobierno sandinista presentó su presupuesto anual para 2023? El presupuesto es un 14% más alto que el de este año, con más de la mitad del gasto dedicado a la inversión social. En él se incluyen la construcción de no menos de nueve nuevos hospitales públicos, la incorporación de 4.300 viviendas al banco de viviendas sociales, el suministro de electricidad a 35.000 hogares más y una mejora masiva de los servicios de agua y saneamiento.
Gran parte de las nuevas inversiones se dirigen a las regiones caribeñas del país, que carecen de recursos, y que ahora están debidamente conectadas con los principales centros de población de la costa del Pacífico gracias a las carreteras recientemente terminadas y al nuevo y enorme puente sobre el río Wawa. Estas regiones son prioritarias - en parte - porque fueron muy dañadas por los recientes huracanes. Los cuidadosos planes del gobierno para proteger a la gente y reconstruir los asentamientos afectados ayudaron a asegurar los niveles más altos de apoyo a Daniel Ortega en cualquier región durante las elecciones del año pasado. ¿Es otra coincidencia que estas sean las zonas en las que la minería del oro es una importante fuente de empleo, y que ahora sean el objetivo específico de las sanciones estadounidenses?
La cobertura en los medios de comunicación estadounidenses repite el argumento de la era de Trump según el cual Nicaragua es "una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos." Esta ridícula afirmación, lanzada de nuevo para justificar las últimas acciones de Biden, no tiene ninguna base en la realidad. Nicaragua es uno de los países más pequeños y pobres de América Latina, con una población de menos de siete millones de habitantes, uno de los niveles de gasto en defensa más bajos del mundo y un producto nacional bruto equivalente sólo al de una ciudad estadounidense de tamaño medio. La idea de que amenace la seguridad siquiera de sus vecinos es absurda, y mucho menos la de Estados Unidos.
El comunicado de prensa del Departamento de Estado revela otra razón para las sanciones: La alianza de Nicaragua con Rusia. Detrás de esto está el temor de Washington de que los países latinoamericanos, y no sólo los que tienen gobiernos de izquierda, estén estrechando lazos tanto con Moscú como con Pekín. Un segundo mensaje es: hagan alianzas con nuestros enemigos y serán castigados. Dentro de esto hay un tercer mensaje implícito: puedes pensar que eres un estado soberano, pero según el "orden internacional basado en reglas" en el que nosotros decidimos las reglas, debes hacer lo que decimos.
Mientras escribo esto, llegan noticias sobre otro ejemplo de injerencia de Estados Unidos en los asuntos de otro país, esta vez en la vecina Honduras. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, está tratando de proteger los intereses de las empresas estadounidenses involucradas en los proyectos inconstitucionales conocidos como "ZEDEs" o ciudades modelo, creados por el anterior gobierno corrupto, sustituido en enero por la presidenta progresista Xiomara Castro. El ministro de Asuntos Exteriores de Castro ha solicitado formalmente la comparecencia de Dogu para que explique por qué intenta socavar los intentos del gobierno de restablecer el Estado de Derecho en las zonas donde se crearon las ZEDEs, y por qué se opone a otras medidas de Castro para esclarecer la corrupción del gobierno anterior.
En otro ejemplo reciente, The Intercept acaba de revelar que, en un informe al Congreso de los Estados Unidos, el gobierno de Biden sigue avalando las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2019 en Bolivia, que en su momento abrieron la puerta a una toma de posesión del gobierno por parte de la derecha que duró hasta casi finales de 2020. Así las cosas, los gobiernos de izquierda tanto en Honduras como en Bolivia se encuentran actualmente bajo la amenaza de la derecha. En Bolivia, la oposición ha organizado una huelga general en la rica región de Santa Cruz. En Honduras, los políticos de la oposición están llamando a sus partidarios a tener listas sus "camisas blancas", un símbolo de apoyo al desprestigiado expresidente Hernández y al clan corrupto que lo rodeaba. Este es precisamente el momento en que Washington debería apoyar a los gobiernos elegidos con los que pueda tener desacuerdos, no socavarlos. ¿O no es esto lo que quiere decir el Departamento de Estado cuando "promueve la democracia"?
Estas acciones forman parte de un fracaso más amplio por parte de Biden a la hora de enfrentarse al renovado surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina. El ejemplo más notable de esto fue, por supuesto, la vergonzosa Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que muchos de los gobiernos del continente boicotearon. Desde entonces, los colombianos han elegido al progresista Gustavo Petro como presidente y los brasileños han logrado, en el segundo intento, de llevar de nuevo al poder a su antiguo presidente progresista, Luiz Inácio Lula da Silva, "Lula".
En un artículo para Aljazeera, el académico canadiense John Kirk escribió recientemente que "es hora de que EE.UU. reconozca que América Latina se está transformando, y el activismo de izquierda de la década de 2020 representa un claro rechazo a las políticas de las últimas décadas". Sostiene que la región está abierta al diálogo con EE UU, pero éste tiene que ser un intercambio respetuoso de opiniones, no "un sermón de arriba abajo". Puede que tenga razón: a pesar de las fuertes sanciones, Venezuela ha entablado un diálogo espasmódico con Washington y también, en la medida de lo posible, Cuba.
Nicaragua, por otra parte, se negó recientemente a aceptar al nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, después de que éste prometiera al Congreso de Estados Unidos que "apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de rumbo en Nicaragua". Llegó a calificar a Nicaragua de "estado paria", haciendo gala precisamente de la arrogancia que Kirk describió como el obstáculo para cualquier diálogo sensato entre Washington y sus vecinos del sur. Mientras tanto, Rusia y China (y, de hecho, otros Estados importantes como India, Japón y Corea del Sur), ofrecen una ayuda al desarrollo libre de los "sermones desde arriba" y de la "promoción de la democracia" que Washington cree tener derecho a emplear. Hasta que los sucesivos gobiernos estadounidenses no aprendan a comportarse de otra manera, seguirán perdiendo amigos en América Latina en lugar de hacer otros nuevos.
John Perry es un escritor radicado en Nicaragua y escribe sobre América Central para la Nación, London Review of Books, Open Democracy, el Consejo de Asuntos Hemisféricos y otros medios.