Analizando la propuesta "Ley Contra la Violencia hacia las Mujeres"
Entrevista con Marcia Saavedra, activista feminista nicaragüense

Por Karla Jacobs
16 de febrero del 2011

A comienzos de febrero la Presidenta del Corte Supremo de Justicia Alba Luz Ramos, junto a una comisión de altas funcionarias de gobierno, presentó el anteproyecto legislativo “Ley Integral Contra la Violencia hacía las Mujeres” ante el Presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez.

Entre las miembras de la comisión presentadora del anteproyecto están la Procuradora Especial de la Mujer, Deborah Grandisson, la Fiscal General Adjunto del Ministerio Público, Ana Julia Guido, la Ministra de la Familia, Marcia Ramírez y la Jefa Nacional de las Comisarías de la Mujer, Mercedes Ampié, entre otras.

Entre los aspectos más relevantes del anteproyecto, el cual es esperado se apruebe durante los próximos meses, son:

• la tipificación del delito penal de femicidio el cual se propone sea sancionado con entre 15 y 30 años de carcel
• el crímen autónomo de la violencia (o sea que se sancione la violencia por aparte del resultado de éste ya sea lesión o muerte de la víctima)
• la no contemplación de la figura de mediación en casos de violencia hacía las mujeres (o sea que no se podrá llegar a arreglos extra judiciales en este tipo de caso)
• la creación de juzgados especializados y una sala especializada con personal que tiene especial conocimiento sobre el impacto y las repercusiones sociales de este tipo de delito
• la tipificación de los delitos de violencia patrimonial, laboral, sicológica e institucional
• la asignación presupuestaria de un fondo para realizar campañas públicas y otros trabajos enfocados en la prevención de la violencia hacía las mujeres

En los días después de la presentación del anteproyecto, como ya es bien conocido, se dio el lamentable caso de que en vez de empeñarse en promover un debate público sobre el grave problema que representa la violencia de género en Nicaragua, los medios corporativos nacionales y regionales se dedicaron a condenar la propuesta de ley por la existencia de un solo artículo - el artículo 35 que proponía sancionar el delito de violencia mediática contra las mujeres.

Este artículo decía textualmente: “el dueño de medio de comunicación, la persona o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión u oficio, ofenda, injurie, satirice o denigre a una mujer por el hecho de ser mujer a través de un medio de comunicación, será sancionado con una pena de doscientos a trescientos días multa y tendrá que hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio.”

Fue notable que como parte de la campaña contra este artículo algunas figuras que en el pasado han cobrado respeto a nivel nacional e internacional por su trabajo dentro del movimiento de mujeres nicaragüense como la periodista Sofia Montenegro y la Presidenta del CENIDH Vilma Núñez de Escorcia adoptaron la misma actitud de condena que el reaccionario organismo de dueños de las grandes empresas mediáticas de América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que describió dicho artículo como un intento gubernamental de aplicar “censura absurda” a los medios nicaragüenses.

Esta reacción mediática provocó que la Doctora Ramos anunciara el retiro del artículo 35 argumentando que no podía permitir que un solo artículo pusiera en riesgo una ley de tanta importancia para la sociedad nicaragüense. Sin embargo algunos comentaristas han descrito la decisión de retirar el artículo como prematura.

En la siguiente entrevista, activista feminista nicaragüense Marcia Saavedra habla sobre la controversia provocada por el artículo 35 y sobre otros aspectos de la propuesta de ley incluyendo las implicaciones que podría tener para el trato que recibe casos de violencia de género dentro del sistema judicial nacional.

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Karla Jacobs: ¿Usted cree que se tomó la decisión de retirar el artículo 35 del anteproyecto de ley contra la violencia de género debido al hecho de que el país se encuentra en temporada electoral o considera que se hubiera tomado la misma decisión de la misma manera si no estuviera el país en temporada electoral?

Marcia Saavedra: En mi opinión no hubiera sucedido de la misma manera si no estuviéramos en temporada electoral. Considero que son estrategias que utilizan los políticos tanto del gobierno como los adversarios, lo lastimoso es que somos las mujeres las que siempre estamos siendo utilizadas como parte de esas estrategias.

KJ: ¿Estrategias en qué sentido?

MS: El aprovecharse o crear situaciones controversiales como éstas.

Artículo 35: buscaron un pelo en la sopa

Es estratégico que, como decimos en el buen nicaragüense, se le haya “hallado un pelo a la sopa” para atacar, junto a los medios de comunicación y con algunos entes de la sociedad civil, iniciativas que favorezcan la promoción y defensa de nuestros derechos. Y esto en vez de reconocer la oportunidad que la propuesta representa.

Por su parte los partidos políticos, tanto de la oposición como el partido de gobierno, han querido también aprovecharse politizando un anteproyecto de este tipo. Porque fueron miembros del Partido Liberal Constitucionalista los que primeramente quisieron llevarse el reconocimiento, ofreciendo apoyo estratégico para el lanzamiento de un anteproyecto de ley sobre la misma temática el año pasado.

Si es un “As” de la manga de la camisa del gobierno para una temporada electoral o no, no lo sé. Pero si así fuera debería el movimiento de mujeres aprovechar la oportunidad y no estar cuestionando acerca de esta propuesta donde, además, hay al frente dos grandes mujeres promotoras y defensoras de nuestros derechos, Deborah Grandisson y la Doctora Alba Luz Ramos. Personalmente sé que esas dos mujeres tienen una convicción y un compromiso con nuestros derechos.

KJ: ¿Cree que el gobierno debía haber sido más fuerte en resistir esa presión para quitar ese artículo?

MS: Pienso que se debió someter a revisión, mediar entre las partes o proponer un diálogo entre los medios de comunicación - que supuestamente se sienten amenazados con el artículo - y el ente que impulsa la propuesta.

Personalmente considero que existe la violencia mediática contra las mujeres y veo necesario que se regule de alguna forma.

El comienzo de un cambio en el sistema judicial

KJ: Marcia, la última vez que la entrevisté Usted me habló de la necesidad de adecuar el sistema de justicia para procesar casos de violencia de género y casos de femicidio. ¿Cree que esta ley vendrá a contribuir a un cambio positivo en este sentido?

MS: Claro que sí. Tal vez no un cambio total, pero sí un comienzo a nivel de política de gobierno y la continuación de lo que se ha venido trabajando entre la sociedad civil y el Estado.

KJ: ¿Específicamente cuáles son los puntos que Usted ve positivos en este sentido?

MS: Por ejemplo que se tendría que trabajar procesos de sensibilización, se tendría que crear toda una infraestructura física e ideológica para poder implementar la ley.

Sabemos que un presupuesto total desde el primer momento no se pueda conseguir para echar a andar esta ley. Pero es oportuno sólo el hecho de que el gobierno acepte que el femicidio es un problema social, que el gobierno reconozca que el femicidio es un problema que requiere una atención urgente y especializada.

KJ: Y eso que propone este anteproyecto de crear juzgados especializados para tratar los casos de violencia hacia la mujer con personal especializado, eso fue específicamente una necesidad que Usted planteó la vez pasada que hablamos.

¿Cree que en la práctica pueda venir a cambiar de manera sustancial el tratamiento que reciben estos casos dentro del sistema de justicia nacional?

MS: Sí lo considero porque ya sería específico dar atención a este tipo de casos; no sumarían los expedientes del montón que generalmente se generan en los juzgados, sino que a través de la ley se tendría que preparar y capacitar al personal de los juzgados y a todo el personal que se ve involucrado porque incluso hay un reconocimiento de la Ruta de Acceso a la Justicia dentro de la ley y hay una adecuación real de lo que es.

Aunque la población lo desconoce, las personas que estamos involucradas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres sabemos que existe una Ruta de Acceso a la Justicia. De igual forma sabemos donde están los pegones, donde están las trabas en esa ruta de acceso - en las instituciones del Estado, en los juzgados mismos.

Por solo el hecho de que sea una causa judicial y que se archive como cualquier causa legal, mientras el expediente espera ¿cuántas mujeres más, o la misma mujer que tiene su causa en los juzgados, pueden morir mientras el expediente está archivado en esa instancia?

Es necesario erradicar la mediación en casos de violencia

KJ: ¿Está de acuerdo con la disposición de este anteproyecto de no contemplar la mediación en casos de violencia hacia la mujer?

MS: Sí, estoy de acuerdo. Considero que cuando la mujer ya dio el paso a la denuncia es porque ya vio que no hay vuelta atrás, y porque ya agotó todos los medios para sostener esa relación.

Si ya llegó hasta ese nivel, con lo mucho que nos cuesta a las mujeres reconocer y aceptar que vivimos violencia, cuando ya decidimos denunciarla es porque ya hemos agotado todos los recursos y ya estamos convencidas de que solamente llevándolo por la vía legal es que se puede salir de este ciclo, apoyadas en todo ese andamiaje que supuestamente tenemos de respaldo las mujeres.

Sin embargo, cuando a una mujer que llega hasta ese punto le proponen o le obligan a una mediación con su agresor, esa mujer se intimida. Con solo verle la cara o escuchar que está arrepentido, que no lo volverá hacer, con ver que hace el teatro llorando y pidiendo perdón, todo eso afecta.

O si en el período en que se puede estar presentando la mediación la familia del agresor o los mismos hijos la convencen, también eso afecta. La mujer durante el proceso de mediación está muy expuesta, muy vulnerable ante las presiones de la sociedad.

Y además, muchas veces sucede lo peor y esa mujer termina muriendo a manos de su agresor después de haber participado en una mediación.

Estamos hablando de casos reales como el de una mujer de Ciudad Sandino que a finales del año pasado murió a manos de su pareja. El caso estaba en los juzgados y ella hizo la mediación. Pero llegando a su casa, no habían transcurrido ni veinticuatro horas después de la mediación cuando el hombre la mató en presencia de sus hijos.

Hay mucha desventaja para la mujer en la figura de la mediación, porque representa una oportunidad que se le sigue dando al agresor en vez de castigarlo o corregir su acción delictiva.

No estoy diciendo que en determinado momento la mujer no trate de mediar o de rescatar una relación, pero eso tiene que ser en otro momento. Eso tiene que ser un trabajo dentro de la etapa de prevención de violencia y no cuando la mujer ya decidió denunciarla.

Porque, como le digo, muchas mujeres no saben que existe la mediación cuando ponen la denuncia, ni siquiera en el divorcio. Las mujeres por lo general creen que cuando se van a divorciar es solo firmar los papeles y ya.

Sin embargo, siempre ha existido la figura de la mediación como para mantener o restablecer el paradigma de la familia tradicional sin tomar en cuenta los sentimientos y la experiencia de la mujer.

Esta ley es la culminación de un proceso de años

KJ: ¿Qué conexión existe entre el anteproyecto de ley que también trataba de la violencia hacia las mujeres que fue presentada por grupos de mujeres en noviembre del 2010 al diputado liberal Wilfredo Navarro y este anteproyecto que ha sido presentado por una comisión de funcionarias del gobierno?

Y si hay conexión ¿podría representar un acercamiento entre el movimiento de mujeres y el gobierno?

MS: Desde mi concepción este anteproyecto de ley representa la culminación de un proceso que se ha venido trabajando entre el Estado y la sociedad civil.

KJ: Si no me equivoco es un proceso que ha sido financiado por la Unión Europea.

MS: Sí. Hace cinco años se realizó un foro internacional donde participaron esos sectores. El Centro de Mujeres Ixchen fue quien coordinó ese foro y ahí participaron el Estado y los organismos de mujeres de la sociedad civil. Fue donde se firmó el primer convenio entre el Estado y la sociedad civil en representación de Ixchen para trabajar alrededor de esta propuesta.

Existe mucha conexión entre los dos anteproyectos. Prácticamente son el mismo. No pueden estar disociados porque es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años.

Ley podría mejorar relación gobierno-movimiento de mujeres

Y sí, considero que el apoyo gubernamental a este anteproyecto podría ser un factor determinante para un acercamiento entre el movimiento de mujeres y el Estado. Pero es una cuestión de actitud también, y en algunos casos de intereses personales, ya sean partidarios o a nivel individual.

Lo lastimoso es que las mujeres siempre tenemos que estar en medio de todas esas trifulcas y que, lejos de aprovechar esas oportunidades, esas oportunidades se vuelven debilidades para el movimiento de mujeres porque nos dividen.

En este momento el respaldar de algunas mujeres de la sociedad civil a El Nuevo Diario, que es una empresa privada, no nos va a traer beneficio al movimiento de mujeres. ¡Si su negocio es sacar noticias! No nos están haciendo un favor cuando sacan noticias sobre el quehacer del movimiento o cuando sacan noticias sobre mujeres muertas.

No podemos quedarnos enfrascadas en algo que podría afectar los intereses económicos de un determinado sector pero que nada tiene que ver con nosotras las mujeres cuando podríamos sacar un mayor provecho haciendo una mejor relación, una mejor conexión con el Estado.

KJ: ¿Qué tan optimista se siente que, a partir de la aprobación de esta ley, se podría dar un acercamiento entre grupos de mujeres y el gobierno?

Pienso que tal vez se puede dar aunque no con el movimiento en su totalidad. Pero sí sé que existen algunos organismos que tienen la intención de trabajar con el Estado y que han venido trabajando con el Estado.

Al igual que reconozco que existen dirigentes que están dentro de algunos organismos o redes que son radicales en su idea de no hacer ningún tipo de acercamiento, lo cual es lamentable.

Albergo la esperanza que podamos llegar por lo menos a trabajar dentro de un ambiente de coordinación, que nos podemos coordinar, nosotras como dentro de la sociedad civil como garantes y fiscalizadores en la aplicación de la ley y el Estado como proveedor de la aplicación de esa ley.

Ley representaría otra arma para exigir nuestros derechos

KJ: Finalmente, Marcia, ¿Usted cree que este proyecto al convertirse en ley va a ser implementable en la práctica? y ¿Que va a tener un impacto sobre la situación de violencia de género en Nicaragua?

MS: Con solo la controversia que se está dando alrededor de la ley creo que ya hay un impacto. Hay un impacto porque todo esto te hace, como lector de un medio o como televidente, volver la vista y darte cuenta que la violencia hacía las mujeres es un problema real.

Como te decía, se necesita un buen presupuesto para echar a andar la ley y si la aprueban ya es un inicio, por algo tenemos que comenzar.

Dentro del mismo Estado hay muchas funcionarias y funcionarios que están sensibilizados con la problemática porque la sociedad civil ha desarrollado proyectos de capacitación y sensibilización para atender la violencia hacia la mujer. En la entrevista anterior yo te hablé de un proyecto que desarrolló Ixchen con actores claves que intervienen en el proceso de atención; Policía Nacional, Ministerio Público y Juzgados.

Eso tiene su impacto quizás de manera personal, y si lo aunás, si lo sumás a la aplicación de una ley, entonces se ha dado un buen paso, hay un buen comienzo. Todo es un proceso, nada se consigue de un día para otro.

Además, dentro de la misma ley existe la disposición de que el gobierno asigne un presupuesto para campañas públicas enfocadas en la prevención de la violencia hacia la mujer. Eso es muy importante. 

Sabemos que muchas leyes están sobre papel mojado. Pero eso es la otra parte, es ahí donde la sociedad civil jugaría un papel preponderante porque tendríamos otra arma para reclamar y ya no sería para pedir que exista un reconocimiento del femicidio sino que se castigue el femicidio como una nueva figura jurídica.

Nosotras, como sociedad civil, exigiríamos al gobierno para que esta ley se haga realidad o por lo menos, que se comience a echar andar.