"Las mismas personas que llaman a la violencia luego pretenden impunidad alegando criminalización de protestas pacíficas. Pero es importante aclarar categóricamente que el Ministerio Público no ha acusado a nadie por andar realizando una marcha pacífica"

Submitted bytortilla onMié, 26/09/2018 - 16:14

Tortilla con Sal, 25 de septiembre 2018

Entrevista ampliada con el Dr. Javier Morazán *, fiscal del Ministerio Público de la República de Nicaragua

Esta es una versión ampliada de la entrevista con el Dr.Javier Morazán del pasado día 19 de septiembre en base a intercambios por e-mail más que todo para aclarar la importancia y significado de la figura del terrorismo en relación a los delitos cometidos durante el fallido intento de golpe de Estado entre18 de abril y los inicios de julio de este año.

Tortilla con Sal :¿Qué ha sido el papel del Ministerio Público dentro del contexto del intento del golpe de Estado desde el pasado día del 18 de abril?

Dr. Javier Morazán  : El Ministerio Público de Nicaragua de acuerdo a lo establecido en el Artículo Número 138 numeral 9 inciso b) de nuestra Constitución Política y lo que establece el artículo primero de nuestra ley orgánica Ley 346 tiene la función acusadora, es el representante de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. El Ministerio Público también orienta jurídicamente las investigaciones penales, ejerce la acción penal cuando producto de las investigaciones se encuentran suficientes elementos de convicción para presentar en un juicio oral y público. El Ministerio Público es una institución de servicio y atiende sin ningún tipo de discriminación ni de distinción a todas las personas que vienen aquí al Ministerio Publico a presentar denuncias o a requerir sus servicios.

En ese sentido el Ministerio Público recibió denuncias y atendió a alrededor de ochenta madres de víctimas que fallecieron en el contexto de estos hechos. Los demás casos se han investigado de oficio, realizado una serie de investigaciones de acuerdo a las facultades institucionales otorgadas por la ley. El Ministerio Público procedió desde un principio a investigar todos estos hechos, auxiliándose de los órganos especializados en temas de medicina forense, así como también con los peritos expertos del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses. Estamos trabajando para que todas las líneas de investigación queden exhaustivamente investigadas con profesionalismo y con objetividad apegado estrictamente a la legalidad que son los principios que rigen la actuación del Ministerio Público.

Una vez que el Ministerio Público ha avanzado en investigaciones y ha logrado el esclarecimiento de los hechos mediante una orientación jurídica de la investigación y mediante la realización directa de actos de investigación concretos y suficientes el Ministerio Público procede a presentar acusación formal en contra de las personas responsables de los hechos. Todas las personas acusadas son presentadas ante las autoridades judiciales del país, luego se les realiza una audiencia preliminar en donde se garantiza en primer lugar su derecho a la defensa, para que los acusados, puedan tener un defensor de su elección y si no lo tienen se le nombra uno de oficio por parte del Estado. También se garantiza el resto de derechos de parte de la autoridad judicial para las personas acusadas. Esto incluye el derecho de los familiares de estar presentes en la audiencia oral y público, la salud, la alimentación entre otros. En esa misma audiencia, se le informa a la persona acusada de cuáles son los hechos por los cuales se le acusa, de los delitos que se le imputan por parte del Ministerio Público y se hace una relación suscinta de los elementos de prueba que el Ministerio Público tiene para sostener los hechos acusados.

El juez en esa audiencia procede a revisar si la acusación cumple los requisitos que el Código Procesal Penal en su artículo 77 establece. Si el juez considera que se reúnen los requisitos entonces el juez acepta la acusación y programa una fecha para una audiencia inicial, que es la segunda audiencia que se prevé en nuestro procedimiento penal. Entonces en esta audiencia inicial que se debe realizar dentro de los diez días siguientes a la audiencia preliminar o veinte días si se trata de una causa con tramitación compleja, el Ministerio Público presenta los elementos de convicción que ha encontrado durante la investigación y que sustentan la acusación penal.

Y en esa audiencia el juez valora si los elementos de convicción que el Ministerio Público presenta son suficientes para remitir a juicio la causa en contra de esa persona. En todos estos casos que el Ministerio Público ha investigado y que ha acusado ha presentado abundantes elementos de prueba recopilados durante de la investigación y han consistido en pruebas testificales, reconocimientos, periciales de expertos, inspecciones, evidencia física, en pruebas documentales, videos, audios y pruebas científicas que acreditan los hechos que el Ministerio Público ha imputado, por eso estas acusaciones han sido aceptadas y remitidas a juicio.

Toda acusación del Ministerio Público tiene un respaldo probatorio porque no podemos presentar una acusación sin elementos de prueba que la sustente, para cada una de las personas acusadas por cada uno de los hechos que se acusan y es lo que las autoridades judiciales han revisado y confirmado, incluso las defensas han aceptado que hay pruebas que respaldan las acusaciones.

Las causas que han llegado a juicio han tenido excelentes resultados porque las pruebas que han sido ofrecidas en la audiencia inicial y luego presentadas en la audiencia de juicio han podido demostrar fehacientemente la culpabilidad de las personas acusadas. Y los jueces entonces han valorado esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado, en algunos casos las defensas han presentado pruebas y el juez también las ha valorado.

Las víctimas y la población en general que ha visto las audiencias por las noticias, se ha mostrado satisfecha con el trabajo realizado por el Ministerio Público y con los resultados de los juicios orales. Cualquier observador imparcial puede darse cuenta de ello, los únicos que no lo ven son aquellos que son pagados para no ver las pruebas, ya que su negocio y forma de ganarse la vida es desprestigiando las acciones del Estado.

Por ejemplo, en el caso de la muerte del periodista Ángel Gahona ocurrida en Bluefields, se cumplieron las expectativas de la sociedad nicaragüense y sobre todo la población de Bluefields que pudo observar, la investigación del Ministerio Público, esclareciendo y acreditando ese hecho con una gran cantidad de pruebas científicas, testimonial, documental, video y evidencia física, que sostenían con toda claridad que los responsables son los acusados por el Ministerio Público.

Esto es lo que hace que el Ministerio Público tenga un alto nivel de credibilidad ante la sociedad nicaragüense. El alto nivel de satisfacción de la población con el Ministerio Público se ha mantenido desde antes de los hechos del 18 de abril y lo sigue sosteniendo y lo va a seguir sosteniendo porque el Ministerio Público está comprometido en actuar apegado a la ley con estricto respeto a los derechos y garantías a las personas acusadas. El Ministerio Público ha presentado sus pruebas en juicio y las seguirá presentando conforme a derecho siempre garantizando el debido proceso penal para respetar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los acusados y de todas las personas que intervienen en el proceso penal. Porque como Ministerio Público nos debemos a la víctima y a la sociedad a quienes representamos actuando conforme a los principios de legalidad y la objetividad.

TcS : ¿Es correcto aseverar que todo los acusados que se proyectan como presos políticos han sido acusado por delitos criminales?

Dr. Javier Morazán : En Nicaragua no existe impunidad, nuestro sistema de justicia se destaca por el acceso a la justicia, por ser efectivo, por investigaciones profesionales y objetivas, por un alto nivel de esclarecimiento de los hechos, por un proceso penal transparente y expedito, en el que ni siquiera hay retardación de justicia. Lo que ha sido reconocido internacionalmente, por el contrario sabemos de países en donde la impunidad de los asesinatos llega al 90 %. La investigaciones indican que en los hechos del contexto de los meses de abril a junio de este año, desde la planificación los autores calcularon todos los aspectos, incluso las muertes que tendrían que ocurrir, los que estaban y están interesados en que hayan muertos, para utilizarlos de peldaño, como un número, como un logro, como una prueba de capacidad destructiva, como una forma de llamar la atención y de justificar la intervención de otros intereses, para ello organizaron toda una estrategia de manipulación social, incitaron, dirigieron y financiaron la violencia, el odio, el terror, el caos, la destrucción y las muertes de muchas personas inocentes, y habiendo conseguido las muertes, sabiendo su responsabilidad, piden la impunidad de los autores materiales para asegurarse también la impunidad de ellos, y la manera encubierta de pedir impunidad es atribuyendo a los autores materiales de los asesinatos, secuestros, torturas, e incendios, la calidad de prisioneros políticos, olvidando el dolor de las víctimas, claro porque en el pensamiento terrorista las vidas humanas no tienen valor.

El extremismo radical de algunas personas, bajo la cortina de criminalización de las protestas, pretende impunidad para estos crímenes, temen al avance en el esclarecimiento de los hechos, quienes procuran impunidad pretende invertir nuestros valores más profundos que compartimos como aldea global, queriendo que nuestra sociedad acepte que es prisionero político el que, asesina, tortura, secuestra, incendia, aterroriza y destruye el país y el futuro de nuestras generaciones. Estos hechos no son políticos son hechos delictivos graves. El Ministerio Público como representante de nuestra sociedad y de la víctima del delito seguirá defendiendo estos valores universales, el derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la seguridad, a la salud, a la educación, al desarrollo, llevando ante la justicia con las pruebas, a quienes lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más importantes de nuestra sociedad, con independencia, autonomía y sin ningún tipo de discriminación de víctimas, acusados o personas que intervienen en el proceso penal.

Los delitos por los que ha presentado acusación el Ministerio Público son delitos comunes, delitos que atentan contra la vida, la integridad física, la seguridad, la tranquilidad pública la libertad de las personas, la propiedad pública y privada, tienen que ver con personas que han asesinado a otras personas mediante incendios, mediante asfixia, o con armas de fuego. Esos delitos de asesinatos a víctimas han ido acompañado de torturas, de lesiones físicas, de lesiones psicológicas, víctimas que han sido secuestradas, personas que han sido quemadas, personas cuyas viviendas o negocios han sido también incendiadas, las acusaciones presentadas tienen que ver con personas víctimas de robo con violencia, robo con intimidación, personas que han sido acusadas porque han entorpecido el acceso y prestación de servicios básicos como al servicio de salud, al servicio de la educación y a la alimentación, que son derechos de la población. Todos esos derechos han sido lesionados, han sido violados por estas personas que han sido acusadas.

Las acciones de las instituciones del Estado para hacer justicia a las víctimas y a la sociedad son legítimas, nadie puede abogar por la impunidad de acciones delictivas graves en un Estado Social de Derecho, en la práctica solo quienes se sienten partícipes de tales acciones, se atreverían a obstaculizar la justicia y la verdad, pidiendo la liberación de los que han asesinado a tantas personas, utilizando como distracción o justificación, los mismos valores fundamentales del Estado de derecho, la libertad, la democracia y los derechos humanos, valores que han sido violados por estos actos delictivos.
 
Los hechos acusados por el Ministerio Público no tienen que ver con cuestiones políticas. porque ir a asesinar o mandar a asesinar a alguien no tiene que ver con cuestiones políticas. Se trata de privar de la vida a un ser humano, derecho humano fundamental. Y todo aquel que secuestra o manda a secuestrar a una persona, que lesiona, que llega a incendiar una casa, que obstaculiza y pone y financia tranques en la vía pública y que le impide a otra persona a ejercer su derecho a la salud, a la educación y todo su conjunto de derechos, eso no tiene que ver con política. El que se toma o manda a tomar universidades para convertirla en centros de delincuencia, no hace política de ningún tipo, la población lo sabe, y el Ministerio Público lo hace valer en juicio. Esos son delitos comunes que afectan clara y directamente los derechos fundamentales de las personas y ante ello el Ministerio Público cumple su misión constitucional de investigar y acusar presentando las pruebas del caso.

El Ministerio Público no valora cuestiones políticas, lo que evalúa son los elementos de convicción que hay en contra de cada persona que realizó algún hecho que está prohibido en la norma penal y con el cual lesionó significativamente un bien jurídico protegido. Y si los elementos de prueba son suficientes para acreditar quienes son los autores, es nuestra responsabilidad asegurarnos que enfrenten la justicia por tales actos. Estos son los criterios que evalúa el Ministerio Público para determinar el ejercicio de la acción penal. No tenemos presos políticos nadie ha sido acusado por sus opiniones políticas, pueden revisarse todas las acusaciones que el Ministerio Público ha presentado y en ninguna de ellas se ha acusado a nadie por participar en política, ni por su creencia religiosa, ni por organizarse para ser parte de un partido político, ni por estar a favor o en contra de algún partido político. No se ha acusado a nadie por estar a favor o en contra del gobierno, han sido acusadas las personas que han cometido delitos graves en contra de otras personas como asesinatos, lesiones, torturas, secuestros, incendios, daños, han sido acusados quienes con estos hechos han infundido temor y terror en la población.

Todas las personas que han venido al Ministerio Público han sido atendidas sin ningún tipo de discriminación y se ha investigado, acusado y se ha presentado la prueba en juicio.  Incluso la Fiscal general ha invitado a los organismos de derechos humanos a que vengan al Ministerio Público, a brindar sus listas de personas víctimas o cualquier otra información que ellos pudieran aportar a los hechos que estamos investigando, o a los hechos que ellos dicen que debemos investigar o a conciliar las listas, se ha invitado por escrito incluso y ninguno, ninguno de esos organismos ha venido. Y cuando se revisan las listas que estos organismos presentan, se encuentra una gran cantidad de errores e inconsistencias, técnicas, sin un mínimo de verificación, de la información que presentan, son listas realizadas a la ligera, como es posible que en una lista aparecen quince personas repetidas; en un lugar lo tiene con un nombre un apellido y más adelante en la misma lista lo tiene con otro nombre y con el apellido invertido o solo con un apellido, o solo con un nombre, pero son la misma persona, o personas que realmente están vivas y aparecen allí, o lo suman porque una llamada anónima se los dice a ellos, ellos mismos han aceptado que todo es información que están verificando, sin embargo venden una cifra de muertos lo más elevada posible, eso debe responder a un interés y luego estas cifras son tomadas como verificadas por organismos internacionales formándose un círculo vicioso de desinformación o de información manipulada que intencionalmente nos quiere alejar del derecho a la verdad y a la justicia.

TcS : ¿Qué tan importante es la figura del terrorismo?

Dr. Javier Morazán : El terrorismo es una de las mayores lacras de nuestro tiempo, tanto a escala nacional como internacional. El perfil de las personas que asumen conductas ultra radicales y extremistas, (sin ningún respeto a los valores universales y derechos de los demás) para conseguir su propósito destructivo, o la imposición de sus intolerantes o fanáticas ideas de odio, procuran sus objetivos a cualquier precio y cualquier medio justifica el fin, cualquier medio es válido, algunos de ellos inducen al delito desde cualquier plataforma y toman acción en la planificación, dirección, financiamiento y ejecución de la violencia, llaman y financian acciones delictivas, justifican cualquier acto atroz por el resultado y a los que mueren en su manipulación los consideran un logro calculado para su causa de terror, con poco o ningún valor por la vida, para el terrorista los muertos son números que necesita aumentar cada vez más, son egocéntricos e irresponsables, estas personas, a las que les conviene, interesa, o les favorece que se produzca la mayor cantidad de muertos, al llegar a una cifra se fijan una nueva meta para alcanzar cifras más grandes de muertos, para ello continúan generando las acciones que la producen. Estas personas a quienes les conviene mostrar ingobernabilidad, desestabilización, terror, inseguridad, odio, destrucción, y pobreza a costa de vidas humanas, encuentran satisfacción en el sufrimiento o terror de la población, procuran reclutar personas para radicalizarles y utilizarlas en los atentados que planifican, se les investiga y con las pruebas se les hace enfrentar la justicia que merecen por cada fallecido, cada lesionado, cada persona afectada por sus crímenes.

Las características que mejor identifican al terrorismo son su violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de la población. Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa infundiendo terror. Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario, golpean las áreas más vulnerables. Alteración del orden público (por ejemplo, cuando hacen ruido, matan gente, intimidan a las masas). Amenazas contra la vida de las personas o la vida de sus familiares o de destruir el lugar donde vives. Las matanzas que producen en las calles. La toma de rehenes o secuestro de personas. Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto, que no es el blanco que se proponen.  La legitimidad que pueda conseguir el terrorismo lo dota de solidez, por eso busca un apoyo social más amplio para plantear un desafío cada vez mayor, busca dotar de legitimidad a su violencia, de ahí la importancia de manipular a la opinión pública y de tener de su lado a medios de comunicación, redes sociales o periodistas que apoyen su causa con información falsa. Conseguir legitimar las acciones a través de la propaganda da importancia a los frentes propagandísticos que crean estas organizaciones terroristas. Dentro de los medios utilizados para implementar actos terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura, asesinatos; diversas formas de violencia moral, como la amenaza o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Desde el punto de vista metodológico, se puede considerar terrorista al grupo que perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas. Muchas de estas circunstancias han estado presentes en los hechos acusados por el Ministerio Público.

Cuando una persona o un grupo de personas se organizan para instalar un tranque que obstaculiza el libre tránsito, el derechos de movilización, el libre ejercicio de los derechos y  ese tranque además se convierte en un centro de operaciones para delinquir, desde donde salen a secuestrar a las personas o a quien va llegando allí lo secuestran y lo torturan, lo golpean, le roban y luego lo terminan asesinando, cuando hay personas que promueven, financian o realizan esas conducta destinadas a causar lesiones graves, a causar la muerte de otras personas, utilizando armas, y teniendo como propósito causar miedo en la población, causar terror e intimidar a la población, y llevado incluso al extremo de mantener secuestrada y a su disposición delictiva a toda una comunidad o ciudad, y pretender lo mismo con todo un país entra en lo que es la definición del delito de terrorismo, que prevé el Convenio de las Naciones Unidas contra el financiamiento precisamente a la actividad terrorista.

Este Convenio que fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, en Diciembre de 1999 y ratificado por Nicaragua en Abril del 2002, en el gobierno del Presidente Enrique Bolaños, con el decreto 3287, generó compromiso para nuestro país y precisamente esos compromisos internacionales son evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y específicamente el  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que en el año 2017, en su evaluación a Nicaragua recomendó aprobar reformas legislativas, para hacer más efectiva su lucha contra el lavado del dinero, contra el financiamiento al terrorismo, contra el terrorismo mismo y contra la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Nicaragua precisamente para cumplir con esos estándares internacionales aprobó esta ley contra el lavado de activos, la Ley 977 el 20 de julio de este año. Esta ley fue aprobada posterior a estos hechos delictivos por lo tanto es una ley que el Ministerio Público no la ha utilizado ni la ha invocado en los hechos ocurridos entre el 18 de abril, mayo junio a julio de este año, por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, lo que se aplica es la legislación de terrorismo vigente desde el año 2008, sin embargo, con la intención de manipular a la población, se dice que con la nueva ley se pretende criminalizar determinados actos de protesta, incluso la ley se venía trabajando desde mucho tiempo antes del 18 de abril y una vez que ocurren los hechos de abril se dio una suspensión de ese proceso legislativo, se esperó y se aprobó hasta el 20 de julio por que la reunión de evaluación con el GAFILAT estaba fijada al final de dicho mes. Es decir la ley no se puede aplicar a hechos anteriores al 20 de julio, y en el futuro tampoco a ninguna protesta, pues se aplica a actos terroristas, de considerar que criminaliza protestas, ningún país hubiera acogido los conceptos de terrorismo de las naciones unidas, o todo el mundo estaría criminalizando con base al convenio.

Las personas interesadas en avivar un conflicto y conseguir más violencia y muertos que justifiquen más financiamiento a sus acciones radicales, pretenden desacreditar las acciones del Ministerio Público, en contra de personas que han cometido graves crímenes en perjuicio de personas y de la sociedad nicaragüense alegando criminalización de protesta. Es común que los que están detrás de los autores materiales de terrorismo, estructuren campañas mediáticas de justificación para pedir la libertad e impunidad de quienes siguiendo su manipulación cometieron, graves crímenes y para ello exigen un reconocimiento de prisioneros políticos. Esa manipulación es una forma de motivación para reclutar y radicalizar a más personas, para continuar con la ola de violencia, así mismo se procura que los acusados no colaboren con la justicia disminuyendo el riesgo de ser expuestos.

En este tipo de hechos las mismas personas que llaman a la violencia luego pretenden impunidad alegando criminalización de protestas pacíficas. Pero es importante aclarar categóricamente que el Ministerio Público no ha acusado a nadie por andar realizando una marcha pacífica. El Ministerio Público no ha acusado a nadie aquí por manifestarse pacíficamente. No se ha acusado a nadie aquí por política ni por tener un pensamiento político ni por su conciencia política, ni por estar a favor o en contra del gobierno, ni por estar a favor o en contra de algún partido político. El Ministerio Público ha acusado a personas que han cometido delitos comunes, y por más que se quiera encubrir manipulando a la opinión pública a favor de quienes cometieron sus crímenes, las pruebas de sus acciones los pone al descubierto en la investigación, el proceso penal y en la comunidad a la que aterrorizan y destruyen.

El Ministerio Público ha acusado a apersonas que han cometido delitos graves en contra de otras personas, en contra de la población y la sociedad nicaragüense. Los hechos y los delitos cometido son asesinatos, incendios, homicidios, lesiones graves, daños, y el terrorismo, ¿por que?. Porque precisamente toda esta gran cantidad de actos delictivos lo realizaron teniendo como propósito intimidar a la población, obviamente alterando gravemente el orden público. Entonces esos hechos están recogidos en nuestras normas penales como actos delictivos y nosotros estamos obligados como Ministerio Público a presentar estas acusaciones en contra de esas personas porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es representar a las víctimas de los delitos y allí tenemos las víctimas de los delitos en todas las acusaciones. Allí están identificadas las víctimas de los robos, las víctimas de los asesinatos, de los homicidios, lesiones, las víctimas del terrorismo, las víctimas de los incendios, de los robos, las víctimas de los daños. Allí estás las víctimas. Pero lo que pasa es que hay una gran manipulación y no se quiere ver a reconocer a estas víctimas. Pero el Ministerio Público está obligado a ver a las víctimas de los delitos y a representarlos en el proceso penal y hemos recibido las denuncias de todas las víctimas que han venido al Ministerio Público sin ninguna distinción.

Los más de 13 instrumentos internacionales que hemos suscrito como país, y la protección a la población de este espeluznante crimen nos obliga a perseguir este delito, con la legislación vigente al momento de la comisión del hecho, como lo dice el mismo convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo en su artículo 6, “Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar”.

El Ministerio Público cumple su función constitucional, y cada caso es sujeto no solo a una verificación, sino una investigación rigurosa. El Ministerio Público cuando acusa a alguien lo hace porque ha investigado y tiene sustento para la acusación, con elementos de prueba claros, con testimonios, y con pruebas científicas, con el único interés de hacer justicia a las víctimas y a la sociedad.

TcS : ¿Se puede hablar un poco del caso de Amaya Coppens en este contexto?

Dr. Javier Morazán : El Ministerio Público presentó acusación contra Amaya Eva Coppens Zamora y seis personas más por el delito de terrorismo, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, por secuestro, robo armado, lesiones graves y entorpecimiento de servicios públicos. Esta acusación está basada en pruebas testimoniales, periciales y evidencias ocupadas a los acusados, que establecen que esta persona Amaya Eva Coppens Zamora y los otros seis acusados desde el 20 de abril hasta finales del mes de junio se organizaron para instalar un tranque en un lugar conocido como San Benito en la salida hacia Managua, cerca de una gasolinera. Ese tranque lo convirtieron en un centro de actividad delictiva en donde las personas que iban llegando las iban  reteniendo, las secuestraban, les robaban y las golpeaban.

Ese mismo ocurrió el 20 de abril en donde interceptaron esta vez en León este mismo grupo de personas dirigido también por la misma Amaya Coppens, interceptaron, retuvieron y golpearon con piedras y morteros a tres oficiales de policía en León. Igualmente el 23 de mayo dos sujetos retuvieron a una víctima civil, Luis David Arias en un tranque en San Benito por personas que estaban bajo la dirección de Amaya Eva Coppens de acuerdo a nuestra investigación. Estos sujetos retenían a las personas y las llevaban ante Amaya Eva y ésta es la que tomaba las decisiones y ésta le ordenaba a los demás que lo golpearan, que lo despejaran de sus pertenencias y eso se hacía en base a las órdenes de ella. Allí está el testimonio de la víctima Luis David Arias. Lo mismo es el testimonio de José María Vanegas que igual iba tratando a pasar por uno de los tranques que dirigía Amaya Eva Coppens según investigación policial y retuvieron a esta víctima en su moto, quien trató de escaparse, lo persiguieron, lo alcanzaron y lo llevaron al tranque donde está Amaya Eva Coppens, luego ella junto con los demás lo despoja de sus pertenencias, de su celular, de su dinero, de un anillo y las llaves de la moto, lo mantienen allí secuestrado por unas horas, lo golpearon, lo vendaron y luego lo dejaron ir. Entonces, vemos nosotros que todas estas acciones de Amaya Eva Coppens de acuerdo con la investigación que rola en el expediente policial en el expediente fiscal y que nosotros hemos presentado ante las autoridades judiciales, están acreditadas con pruebas, que confirman los hechos que las víctimas han denunciado.

De acuerdo a la investigación Amaya Eva Coppens, se organizó, instaló el tranque y en ese tranque impedían la circulación de las personas, pero además a los que iban circulando cerca alrededor del tranque los retenían, los vendaban, los secuestraban, los golpeaban y les robaban con el propósito de causar una intimidación en la población, causar terror y miedo porque eso es lo que generaron ese tipo de actos. Si usted es habitante de una ciudad y sabe que hay una serie de lugares como este de tranques donde hay personas armadas que están reteniendo e impidiendo el paso, golpeando, lesionado, robando, secuestrando y asesinando a los que pasen por ahí y además saliendo en las noches a cometer todo tipo de delito, es claro que le causará zozobra, temor e intimidación.

En este caso de Amaya Eva Coppens, por ejemplo, a una de las víctimas, cuando la retuvieron, la golpearon con tubos, hasta adoquines la dejaron caer en la cabeza y eso puso en peligro gravemente la vida de la víctima. Todos estos hechos de estas personas que estaban allí causando este tipo de delitos graves con armas, que incluso le fueron ocupadas al momento de la captura, fue causa de terror y miedo en la población. Por eso se encuentra acusada también por el delito del terrorismo. Estos elementos de convicción, las denuncias de las víctimas y los elementos de prueba que las confirman, las presentamos ante la autoridad judicial en contra de estas personas, como se puede ver estas personas no tienen nada que ver con cuestiones políticas, no tienen nada que ver con marchas pacíficas.

El que instala un tranque infringe la norma penal, incurre en delito, y toda acción en contra de las demás personas, tienen una sanción penal prevista en la ley, tal acción no tiene ninguna naturaleza política, es un acto delictivo, no tiene que ver con marchas o manifestaciones pacíficas. Tiene que ver con delitos graves, con actos delincuenciales, con actos que atentan gravemente contra el orden público de la sociedad nicaragüense y por eso el Ministerio Público está obligado a acusarlos y a presentarlos ante la autoridad judicial y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público.  

Es importante llamar a la población a no caer en acciones delictivas, a no dejarse instrumentalizar en la comisión de delitos, porque con tales acciones se vulneran derechos fundamentales que estamos llamados a investigar, perseguir y sancionar. Los que dirigen el terror siempre buscarán manipular la opinión (radicalización) de grupos vulnerables, personas de escasos recursos, personas en conflicto con la ley penal, entre otros, para utilizarlos en sus ataques a la población vulnerable de ahí la necesidad de estar atentos a estas amenazas del terrorismo que puede disfrazar o justificar su violencia extrema con los valores de la democracia, libertad y derechos humanos.

* El Doctor Javier Morazán es Director de la Unidad Especializada Contra los delitos de la Delincuencia Organizada del Ministerio Público de la República de Nicaragua