Entrevista con Dr. Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral

16 de junio 2011

Tortilla con Sal : Políticos y medios de La oposición nicaragüense han cuestionado la integridad y legitimidad de las autoridades electorales y han llamado estas autoridades “de facto”. ¿Tiene usted algunas observaciones al respecto?

Roberto Rivas : Creo que la oposición en Nicaragua en alguna medida es responsable de que no se hayan electo a las autoridades que integramos las distintas instituciones del Estado de Nicaragua, que somos el Poder Judicial, el Poder Electoral, así como la Controlaría General de la República. El Presidente de la República en el año 2010, el 10 de enero publicó un decreto, el número tres, en el cual decía de que 25 funcionarios a quienes se les vencía el período durante ese año, si no había acuerdo en el parlamento para elegir a las nuevas autoridades debían de continuar en el cargo como tal.

Posteriormente, también existe un artículo en la Constitución Política que es el Artículo 201, párrafo dos, de la Constitución de 1987 que en sus distintas reformas a lo largo de todos estos años no se ha derogado y el cual dice que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Controlaría General de la República y otras autoridades, si el Parlamento no elije a las nuevas autoridades deberán de continuar en el cargo. Esto ocurre en muchos países del mundo, inclusive en Europa mismo, en España y en muchos países de América del Sur, cuando los Parlamentos no se ponen de acuerdo para elegir nuevas autoridades, lógicamente las autoridades que integran las instituciones continúan en sus cargos.

Solo me pregunto ¿Qué pasaría con el deber constitucional de hacer elecciones el 6 de noviembre de 2011 si el Parlamento aún no se ha puesto de acuerdo para elegir a las autoridades del Consejo Supremo Electoral? ¿Será que no habrá elecciones y el Presidente Ortega tendría que continuar en el cargo?

TcS: ¿Es obligatorio que el Consejo Supremo Electoral acate la sentencia en relación a la reelección de parte de la Corte Suprema de Justicia?

RR: Las resoluciones, eso es constitucional, de la Corte Suprema de Justicia son de ineludible cumplimiento. Todos los poderes del Estado estamos obligados a acatar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia quien es quien dirige al final un elemento que es consignado en la Constitución Política. Lo que ocurrió en Nicaragua, es que el Presidente Ortega junto con 104 de los 153 alcaldes presentó un escrito ante el Consejo Supremo Electoral donde se solicitaba y reclamaba su derecho que está consignado en nuestra Carta Magna, la Constitución Política, a elegir y ser electos. El Consejo rechazó dicho escrito y respondió diciendo que no era competencia del Consejo Supremo Electoral decidir si aceptaba o no la reelección como tal.

Al rechazar el Consejo esto, el Presidente Daniel Ortega junto con los 104 alcaldes se amparó ante un Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Managua. El Tribunal de Apelaciones admitió el recurso del Presidente Ortega y los 104 alcaldes lo elevó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y este resolvió que en efecto el Presidente Ortega, junto con los 104 alcaldes, tenían derecho a elegir y ser electo, que es un derecho ciudadano consignado en la Constitución Política de la República.

Posteriormente esto fue elevado al máximo tribunal que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte en pleno como tal ratificó lo resuelto por la Sala Constitucional.

Este es un elemento que hemos visto no solo en Nicaragua, recientemente lo vimos en la República de Costa Rica con la reelección del Presidente Arias, quien inclusive pasó esperando un tiempo para que la Sala Cuarta le permitiera la reelección presidencial y en efecto pudo haberse reelecto. También es una situación similar que con una resolución de la Corte Suprema ocurrió en la República de Colombia, con la reelección del Presidente Uribe y lo hemos visto en distintos países latinoamericanos.

Yo pienso que la reelección no es negativa. La reelección en todos los países del mundo debería de ser permitida, porque es un elemento que le da al ciudadano que ejerce la primera magistratura de la nación, la posibilidad de continuar un proyecto, y los pueblos por medio de las urnas expresarse el día de las elecciones que sabrán premiar o castigar a quien ha sido un buen gobernante o un mal gobernante.

TcS: La oposición también reclaman que las elecciones no pueden ser válidas sin una observación electoral internacional. ¿Es una preocupación para usted y sus colegas este tema?

RR: Tengo dieciséis o diecisiete años, he perdido la cuenta, de ser magistrado del Consejo Supremo Electoral. Nicaragua tiene características propias. Es un poder del Estado. Es uno de los cuatro pilares del Estado nicaragüense, al igual que el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo y por lo tanto yo creo que lo electoral es un tema de los nicaragüenses, no es de la comunidad internacional. El Presidente y las autoridades que se eligen son para gobernarnos a nosotros los nicaragüenses, no para gobernar al mundo.

Sin embargo, Nicaragua ha sido un país que ha permitido el acompañamiento o la observación electoral. Lo permitió en el noventa, un ejército de observadores que habían más observadores que votantes en ese entonces. También en 1996 en la elección del Dr. Arnoldo Alemán como Presidente hubo observación. La hubo en el 2001 en la elección del Presidente Enrique Bolaños. Lo hubo en el 2006. Y ahora el Consejo, el 16 de agosto de este año, va a resolver sobre el acompañamiento internacional.

Acompañamiento es un nuevo término que se está acuñando en el asunto de la observación electoral, prácticamente viene a ser lo mismo y yo siempre digo que el acompañamiento es algo más fuerte porque me permite ir de la mano con las personas. Sin embargo, creo que somos los nicaragüenses a  quienes nos corresponde de forma directa, participando uno, como elector, dos, como miembro de los partidos políticos, tres, como fiscal de partido político en la estructura partidaria para supervisar si es un proceso electoral que es transparente o no transparente.

Ahora nuestros procesos electorales es demás decir que han sido transparentes. En el año noventa, el Presidente Ortega perdió la elección cuando era candidato. En el año 1996, Daniel Ortega también fue candidato cuando ganó el Doctor Alemán. En el año 2001, ganó el Presidente Bolaños siendo Daniel Ortega candidato y en el año 2006, el Presidente Daniel Ortega sí ganó las elecciones frente a otros candidatos.

Así es que yo creo que el pueblo de Nicaragua, al igual que lo decimos en todo América Latina, la democracia se expresa por la boca de las urnas y por lo tanto, es a los nicaragüenses a quienes nos compete esto. Sin embargo, no estamos en contra. Vamos a emitir un reglamento que tome en consideración los elementos de la Unión Europea sobre la observación electoral, lo que dice en la Carta de las Naciones Unidas sobre la observación electoral y lo que dice la Organización de Estados Americanos.

Además, tomaremos en consideración algunos reglamentos de ciertos países, como ha sido el caso de México, el caso de Venezuela, como ha sido el caso de la misma Costa Rica, el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, en fin todos los países de América Latina, inclusive de la misma Europa, sobre el reglamento que se establece para los observadores.

Nosotros no estamos en contra del acompañamiento. Lo que nosotros estamos es en contra del injerencismo, que vengan aquí personas delegadas de la comunidad internacional a servir de oficinas de quejas únicamente o a querer intervenir o interferir en los procesos electorales. Nosotros estamos totalmente abiertos. No tenemos nada que ocultar en Nicaragua.

Aquí va a haber un proceso electoral transparente como los ha habido siempre, un proceso legítimo como ha habido siempre, a no ser que van a venir los diputados que ha habido actualmente en la Asamblea Nacional que fue un proceso ilegítimo el de 2006 y ellos por lo tanto, no deberían de ser diputados. No creo que se atrevan a decir eso en este momento cuando tienen cinco años ya de estar ejerciendo sus cargos.

Así que, aquí no hay nada en contra del acompañamiento internacional, pero sí lo hay en contra del intervencionismo en materia electoral. Nosotros no podemos permitir intervención. Bienvenida la comunidad internacional que quiere venir dentro de la resolución que el Consejo Supremo Electoral establezca para aquel fin y siempre y cuando sean invitados por el poder ejecutivo a quien corresponde a través de la Cancillería General de la República que es nuestra puerta al mundo.


TcS: Últimamente ha salido una alegación de parte de la organización Ética y Transparencia que  más de mil de las Juntas Receptores de Votos podrían estar abierto a manipulación o fraude en las próximas elecciones. ¿Quiere usted comentar?

RR: Creo que Ética y Transparencia lo que busca es protagonismo para lograr captar ayuda internacional, para sostener todo su staff que tienen sueldos muy elevados y no son presentados públicamente sus estados financieros, eso por un lado. Sin embargo, no tengo las pruebas y por lo tanto no lo hago como una acusación, sino como una visión ciudadana sobre lo que puede ser Ética y Transparencia.

En segundo lugar, Ética y Transparencia habla de mil doscientas juntas, lo cual, ese señalamiento se está incriminando ya en algo que tendría que ser visto inclusive hasta por la Fiscalía Electoral, dado que si ellos tienen pruebas de que va a ver un fraude en 1200 juntas, pues tendrán que demostrarlo, como va a ser ese fraude, porque hasta este momento no tenemos absolutamente ningún síntoma de que pueda haber algo distinto a como han sido los procesos electorales anteriores.

Y tal vez para que el mundo conozca, sería importante destacar que Ética y Transparencia lo que ha servido es para ser nada más que una plataforma de despegue de personas que quieren ser candidatos a la Presidencia, como fue el caso del Dr. Carlos Tunnerman Bernheim que fue candidato a la Vice-Presidencia.

Entonces ¿Qué puedo decirte yo? No existen esas 1200 juntas en riesgo de fraude, esa es una falsedad, totalmente falso. Los partidos políticos si tienen desconfianza, qué se preocupan porque hay un fiscal de cada partido político, de cada una de las cinco alianzas en cada una de las más de trece mil juntas receptores de votos y allí ellos pueden ver, ratificar y firmar las actas de escrutinio y así el pueblo de Nicaragua sabrá quien salió electo y la legitimidad con que sale electo.