Cristina Fontenele, Adital, 18 de agosto 2015
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Fue postergado para este miércoles 19 de agosto el juicio que discutirá la constitucionalidad de la criminalizaciónde la portación de drogas para consumo personal en Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF) va a decidir sobre la permanencia del artículo nº 28, de la Ley 11.343/2006, que castiga a "quien adquiera, guarde, tuviera en depósito, transporte o trajera consigo, para consumo personal, drogas sin autorización”. Las penas, hoy previstas, son advertencia, prestación de servicios a la comunidad y medida educativa. El acusado pasa por un proceso criminal y, si fuere condenado, deja de ser acusado primario, aunque no vaya preso si fuere considerado usuario.

Decisión del STF va a juzgar si permanece como delito la portación de drogas para uso personal, que consta en el artículo 28, de la Ley Antidrogas.

El recurso en cuestión trata sólo de la descriminalización de la portación para uso personal y no de la legalización de las drogas. El proceso transita en el STF desde 2011 y fue movido por la Defensoría Pública de São Paulo debido a la condena de Francisco Benedito de Souza. En la época, Souza, con 49 años, cumplía parte de los 10 años que estuvo preso por asalto a mano armada, receptación y contrabando. Él fue encontrado con tres gramos de marihuana dentro de la celda de detención provisoria, en Diadema (São Paulo), en julio de 2009.

En entrevista con Adital, la Pastoral Carcelaria dice que la decisión del STF será un paso importante para una discusión estructural sobre las drogas. La entidad cree, sin embargo, que cuestiones moralistas o emocionales pueden influenciar en la decisión, pero la expectativa es que el tema sea trabajado dentro de la perspectiva de los derechos humanos. La sociedad aún estaría desinformada sobre el asunto, cuyo debate es influenciado por el inmediatismo y por los medios de comunicación "sensacionalistas”. Para la Pastoral, es necesaria la construcción de un diálogo articulado, incluyendo una visión amplia de derechos humanos y seguridad pública.

Según la Pastoral, la legislación habría creado un alto índice de encarcelamiento, con la población carcelaria sufriendo torturas y malos tratos cotidianos, no contribuyendo en la disminución de la violencia urbana. La política de "guerra a las drogas” criminaliza principalmente a jóvenes negros pobres de baja escolaridad. Para la entidad, la descriminalización del uso facilitaría la divulgación de campañas de concientización, como por ejemplo con lo que ya ocurre con el alcohol y el tabaco, pues hoy lo que existe son la represión policial y el encarcelamiento.

Con el objetivo de discutir el encarcelamiento y proponer sugerencias, la Pastoral Carcelaria lanzó, en noviembre de 2013, conjuntamente con movimientos y organizaciones sociales, la Agenda Nacional por el Desencarcelamiento, cuya propuesta central pide un programa con metas claras para la reducción de la población carcelaria.

Según la Pastoral Carcelaria, la política de "guerra a las drogas” estaría contribuyendo al super encarcelamiento y criminalizando, principalmente, a jóvenes negros pobres de baja escolaridad.

Para Carina Vitral, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la política de combate a las drogas no es exitosa. Hablando con Adital ella dice que es preciso discutir la "banalización” del encarcelamiento, sin perder de vista la cuestión de la salud y también de la seguridad pública. Carina cree que la descriminalización del uso no va a incentivar el consumo, sino a caminar en dirección a otra concepción de Estado.

En entrevista con Adital, Fabio Rodrigues, director del Consejo Regional del Servicio Social del Estado de São Paulo (CRESS-SP), explica que la discusión sobre las drogas debe desplazarse hacia el ámbito de las políticas sociales y dejar la esfera criminal. Para él, el juicio del STF todavía no es lo ideal, pero representa un paso que puede contribuir a la maduración de la cuestión. Él dice que, aunque las investigaciones indiquen que la sociedad se posicione en contra, el camino debe ser la legalización de las drogas para consumo, con la reglamentación por parte del Estado. "La libertad individual no puede ser atacada en nombre de una conciencia conservadora, que culpabiliza al usuario”.

Rodrigues destaca que las intervenciones compulsivas, que son las internaciones contra la voluntad del individuo, no son tampoco una solución. Estas medidas tendrían cuño religioso y también vienen acompañadas de la idea de "higienización social”. Él cita como ejemplo la región de la Cracolandia, en el Centro de São Paulo, donde la acumulación de usuarios incomoda a la sociedad y repercute negativamente en la especulación inmobiliaria, en la medida que tiende a desvalorizar los inmuebles del entorno. Rodrigues cree posible un camino con una política social, con "atención ambulatoria, multidisciplinaria y territorializada”, apreciando el respeto y la libertad de ir y venir.

Él también corrobora la comprensión de que la criminalización de las drogas es una discusión de clases, en la que la juventud pobre y negra es quien "paga el precio”.

En la visión de Fabio Rodrigues, director del CRESS-SP, las internaciones compulsivas, para tratar a usuarios de drogas, son parte de una política de "higienización social”.

Bajo la mirada de la salud

En nota, firmada por más de 200 profesionales de la salud de Brasil, entre ellos el renombrado médico Drauzio Varella, los signatarios afirman que, "en nombre de la salud pública de la población brasilera, apoyan la descriminalización de la portación de drogas para uso personal”.

Esos profesionales entienden que el endurecimiento de las leyes de drogas en su instancia más vulnerable, el usuario, puede implicar daños a la salud pública, porque distancia a las personas que usan drogas de los sistemas de salud y de asistencia social. El documento cita el ejemplo de Suecia, país divulgado como exitoso en el control del uso de drogas a través de la criminalización del usuario, pero que presenta crecientes tasas de muertes relacionadas con el uso de drogas, entre las más altas de Europa. "Mientras tanto, países que descriminalizaron la portación para uso, como Portugal y España, presentan tasas mucho más bajas y que se mantienen estables o decrecientes”, se expone en la nota.

En el documento se critica que la reiterada afirmación -‘Brasil todavía no está preparado para la descriminalización del uso’– puede ratificar el mensaje de que el usuario problemático de drogas es, antes que nada un delincuente, y no alguien que pueda tener la necesidad de cuidados de su salud. Además, significa una postura que puede distorsionar al sistema de justicia criminal y, con esto, causar un impacto negativo sobre la salud física y mental de los ciudadanos.

Poniendo como ejemplo de regulación el tabaco en Brasil, en la nota se indica que no fue necesario imponer al usuario medidas de naturaleza penal, sino administrativas, asociadas a una amplia campaña educativa y preventiva, "siendo, hoy, el país con la mayor tasa de cesación de uso de cigarrillos del mundo (INCA, 2008)”.

Superpoblación carcelaria

Varias entidades apoyan el retiro del artículo 28 de la Ley Antidrogas, por entender que el consumo personal no lastima derechos de terceros y que la criminalización, contribuye gravemente a la superpoblación carcelaria.

Todavía no hay criterios para la diferenciación entre usuarios y traficantes, ni la definición de la cantidad mínima de la sustancia para uso personal o comercial. La idea es que, si retiro la criminalización del uso personal, órganos técnicos, como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), puedan señalar parámetros. Los juicios se desarrollan, por lo tanto, bajo la arbitrariedad del juez, que analiza desde el lugar en que la sustancia fue confiscada hasta las condiciones sociales del sujeto.

Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, quedando atrás sólo de Estados Unidos, China y Rusia. Actualmente, la Ley Antidrogas es responsable de miles de detenciones, por no distinguir, en forma clara, el límite entre consumo personal y tráfico.

Según datos divulgados por la Pastoral Carcelaria, el número de personas presas por tráfico más que se triplicó entre 2005 y 2011, pasando de 31.520 a 115.287. De acuerdo con el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), en 2014, de los 607mil presos que había en el país, el 27% estaba detenido por delitos tipificados en la Ley Antidrogas.

Distribución de delitos intentados/consumados entre los registros de las personas privadas de libertad. El tráfico de estupefacientes es el delito de mayor incidencia, respondiendo por el 27% de los delitos informados. En seguida viene el robo, con el 21%. Fuente: Infopen, junio/2014

Distribución por género de delitos intentados/consumados entre los registros de las personas privadas de libertad. Mientras el 25% de los delitos por los cuales los hombres responden están relacionados con el tráfico, para las mujeres esa proporción alcanza el orden del 63%. Fuente: Infopen, junio/2014