Marcela Belchior, Adital, 17 de agosto 2015
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En la dirección opuesta a los intereses democráticos, defendido en los últimos años por los movimientos sociales y sectores de la sociedad civil organizada, la Cámara de Diputados votó y aprobó en segunda vuelta el financiamiento privado de campaña. El tema es considerado el núcleo duro de la corrupción política en Brasil, figurando como el principal medio de interferencia del favorecimiento del sector privado en detrimento de la garantía de los derechos de la población.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acumula en su currículo maniobras en el Legislativo para beneficiar a intereses privados. Foto: Alex Ferreira/Cámara de Diputados.

El plenario de la Cámara concluyó este miércoles 12 de agosto las votaciones de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 182/07). La mayoría de los diputados y diputadas aprobó el financiamiento de campañas con donaciones de personas físicas a candidatos y a partidos políticos y de empresas a partidos, por 317 votos a favor y 162 en contra. En la primera vuelta, la materia había sido aprobada por 330 votos a 141. Con el cierre de las votaciones en segunda vuelta, la PEC será enviada para su discusión en el Senado Federal.

La votación en primera vuelta sobre el financiamiento de campaña, sin embargo, todavía está en contradicción en el Supremo Tribunal Federal (STF), que fue accionado por los partidos contrarios al financiamiento privado. La ministra Rosa Weber negó el pedido de medida cautelar de 61 diputados, que cuestionan la votación, pero el Pleno del STF puede juzgar nuevamente el caso. Los diputados cuestionan la decisión del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha [Partido del Movimiento Democrático Brasilero – PMDB – Río de Janeiro], de poner a votación una nueva enmienda sobre el tema, después que un texto semejante fuera rechazado por insuficiencia de votos.

En la práctica, lo que los parlamentarios llaman "reforma política” –considerada una "contrarreforma” por los movimientos sociales, realizada sin amplia discusión, participación popular e interés público– altera muy poco el sistema político-electoral que se opera actualmente. Y además contribuye para reforzar el uso de la máquina pública para intereses de pequeños grupos y en favor del gran capital. Esto significa que el poder económico va a continuar dominando el Parlamento.

El envío de fondos de empresas a partidos y políticos candidatos en las elecciones brasileras ya existe. Sin embargo, si el Senado mantiene el dispositivo de financiamiento de campañas aprobado por la Cámara, estará constitucionalizado el sistema de financiamiento de campañas políticas en Brasil. Sin embargo, para tener validez, el texto todavía deberá pasar por la sanción de la presidenta de la República, Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores – PT], lo que indica que hay dos etapas por delante antes de la decisión de convertirse en una realidad para el/la elector/a brasilero/a.

Votando a favor del financiamiento privado, los parlamentarios permiten que la máquina pública sea utilizada para el interés de grandes empresarios, y no de la población. Foto: Alex Ferreira/Cámara de Diputados.

En entrevista con Adital, Marcelo Lavanère, representante de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) en la Coalición por la Reforma Política Democrática y Elecciones Limpias –movimiento de la sociedad civil formado por más de 100 entidades representativas y movimientos sociales de Brasil–, dijo que la aprobación de la PEC es una gran decepción.

"La sociedad civil y la opinión pública de nuestro país quedaron muy frustradas con el resultado final de la llamada reforma política, en la Cámara Federal. Había un sentimiento positivo de que la Cámara no iba a constitucionalizar el financiamiento privado. Por el contrario: ante todas las evidencias de que eso no es positivo para las elecciones y la democracia, porque crea una dependencia del representante del pueblo en relación con aquellos que los financian, creímos que votarían en contra”, se lamenta Lanavère.

Ahora, con la discusión llegando al Senado Federal, Lavanère evalúa que el contacto, en forma más directa e individual con cada senador puede facilitar una convergencia e impedir el colador de los parlamentarios. "Nosotros estamos articulándonos para, en el Senado, intentar modificar [este escenario]. No es fácil, hay también dificultades muy grandes. Pero la Coalición va a intentar rehacer el trabajo con los senadores. Allá son sólo 81, mientras que en la Cámara son 513 diputados. Era más difícil hacer contacto personal”, indica.

También aunque aprobado el financiamiento de campaña electoral por empresas, Lavanère evalúa positivamente el hecho de que este aporte sólo puede ser hecho a través de los partidos, y no más a través de la relación directa entre empresarios y candidatos. "No llega a ser una gran victoria, pero no deja de ser una mejora en el sistema”, opina. Dentro del paquete de medidas aprobado en la PEC, Lanavère considera benéfico el fin de la reelección de alcaldes, gobernadores y para presidente de la República, además de la disminución del número de firmas necesario para aprobar un proyecto de iniciativa popular. "Esto mejora el desempeño y la seriedad de las elecciones”, afirma.

Representante de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en la Coalición, Aldo Arantes explica a Adital que las dos principales consecuencias de la constitucionalización del financiamiento privado de campaña son: que la representación política de los dueños del capital interfieren en la dirección de las acciones de los representantes de la sociedad, que terminan actuando en favor de una minoría; además de ser el principal canal de la corrupción electoral. "Los empresarios entregan una parte del financiamiento legalmente y otra parte ilegalmente. Una parte va para la campaña y la otra para el bolsillo. Ahí está la razón estructural de la corrupción electoral”, señala.

En la evaluación de Arantes, tal medida es solamente "la punta del iceberg” de todo un proyecto que viene siendo construido en Brasil por los sectores conservadores, para reorientar el interés público hacia el interés privado. "Es un retroceso. Un intento de conquistar a la sociedad brasilera hacia otro proyecto que apunta a consolidar el poder del capital”, afirma.

En marzo de este año, la protesta instaló bolsas de dinero ante el Congreso Nacional, representando una crítica al financiamiento empresarial de las candidaturas políticas. Foto: Reproducción.

Otras propuestas aprobadas

Mandato y fecha de posesión: mantenido el mandato de cuatro años para presidente de la República, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados y de ocho años para senadores. La toma de posesión de estos cargos permanecerá siendo el 1º de enero.

Sistema proporcional: el plenario mantuvo el sistema proporcional usado actualmente, que llena los cargos de acuerdo con los votos recibidos por el partido o coalición y por los candidatos, posibilitando el acceso de candidatos menos votados debido a las coaliciones partidarias.

Fin de la reelección: la PEC aprobada termina con la reelección de alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Por la propuesta, los electos en 2014 y 2016 que estuvieren aptos para ser reelegidos, por la regla actual, tendrán ese derecho preservado.

Cláusula de desempeño: los diputados resolvieron limitar el acceso al Fondo Partidario y al horario electoral gratuito en el radio y TV sólo a los partidos que hayan competido con candidatos propios a la Cámara y hayan electo por lo menos a un congresista (diputado o senador). Hoy, el 5% del fondo es distribuido entre todas los partidos existentes, que también pueden ir a la radio y a la TV. Con la propuesta, esos derechos sólo les pertenecerán a los que tuvieran representación en el Congreso.

Edad mínima: los candidatos a diputado federal, estadual o distrital podrán disputar las elecciones con 18 años y ya no más con 21. Para los cargos de gobernador, vicegobernador y senador, la edad pasará a ser de 29 años. Actualmente, la Constitución Federal determina que, para ser gobernador y vicegobernador de estado y del Distrito Federal, es preciso tener 30 años y, para ser electo senador, es preciso tener 35 años.

Fidelidad partidaria: La PEC determina que pierde el mandato aquel que se desligue del partido por el cual fue electo, excepto en los casos de "grave discriminación personal, cambio sustancial o desvío reiterado del programa practicado por el partido”. Sin embargo, la propuesta de enmienda permite la desafiliación partidaria sin pérdida de mandato en hasta 30 días después de la promulgación de la futura enmienda constitucional, sin perjuicio del partido que perdió el afiliado en relación con la distribución de recursos del Fondo Partidario y el acceso gratuito al tiempo de radio y televisión.

Voto impreso: aprobado el voto impreso para conferencia del elector antes de que éste concluya la elección. La impresión quedará en lugar lacrado, sin contacto con el elector.

Sepa más sobre cada punto votado.

(Con informaciones de la Rede Brasil Atual - RBA)

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