Horacio Duque Giraldo, Anncol, 29 de julio 2015
http://anncol.eu/index.php/opinion/item/1340-horacio-duque

El régimen politico, el gobierno de Santos y las maquinarias electoreras que le dan soporte, estan utilizando la tregua unilateral y el desescalamiento que entro en vigencia el pasado 20 de julio, para revivir e imponer la parapolitca (el paramilitarismo) en las alcaldias locales y en las gobernaciones. Es parte de la democracia liberal que el Jefe de la Casa de Nariño quiere mantener intacta, sin reformas, sin permitir que la democracia ampliada pactada en La Habana se materialice en los procesos electorales en curso. Son unos tramposos consumados estos operadores del sistema politico oligarquico imperante. 

Cientos de campesinos y pobladores de las regiones rurales y urbanas, así como lideres agrarios y de derechos humanos, donde el conflicto social y armado se siente con mayor intensidad, han denunciado que la tregua unilateral y las acciones de desminado ordenadas por las Farc entre el 22 de diciembre del 2014 y mayo del 2015, fue aprovechada por los batallones, las brigadas militares móviles, los generales uribistas,  los poderosos terratenientes, los gamonales santistas, los narcos y los empresarios de la agroindustria, (particularmente en la altillanura de la Orinoquía),  para sembrar nuevos  grupos paramilitares organizados con el fin de hacer prevalecer el poder y dominio de las elites regionales y nacionales. Áreas donde nunca hicieron presencia los paras y bandas criminales hoy registran la acción criminal y sangrienta de estas estructuras de terror, muerte, autoritarismo y desplazamiento.

Es parte del doble juego santista de dialogar en La Habana y al mismo tiempo seguir con la guerra en todo el territorio nacional para sacar ventajas políticas y estratégicas, e impedir de esa manera las reformas avanzadas de la sociedad y el Estado que se desprenden de la Agenda de paz de La Habana.

Llama la atención que este procedimiento se traslade hoy al ámbito electoral. Desde el pasado 25 de julio se dio oficialmente inicio a la campaña electoral que cerrará el 25 de octubre, con la escogencia de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles.

La nueva tregua unilateral determinada por las Farc desde el pasado 20 de julio, está siendo utilizada por los partidos y movimientos santouribistas, por el establecimiento oligárquico, para reactivar la parapolítica, para imponer en municipios, departamentos, localidades y regiones las superestructuras políticas funcionales al régimen de explotación capitalista y de subordinación feudal y esclavista.

Según Ariel Ávila, uno de los investigadores de estos y otros asuntos de la guerra, el paramilitarismo ha reencarnado en cientos de candidatos y listas para las votaciones de octubre a través de familiares y herederos políticos de aglomerados criminales.

Esto ocurre en la Guajira, Cesar, Sucre, Atlántico, Magdalena, Santanderes, Córdoba, Meta, Guaviare, Casanare, Cauca, Nariño, Antioquia, Huila, Putumayo y Eje Cafetero.

Bogota, la megaconcentracion urbana del país, no se sustrae al fenómeno, uno de los candidatos (por cierto en ascenso mediático uribista después de los atentados de la 72) tiene investigaciones en la Fiscalía (como muchos de sus colegas de gabinete en el “ochenio”), pues está vinculado  con la gestación y expansión del denominado Bloque Capital de los paramilitares, cuyos tentáculos alcanzan las más populosas localidades de la Capital, los municipios de la Sabana y los territorios aledaños de Cundinamarca. Los otros candidatos del establecimiento profundo (PPC) bien pueden estar en un hipotético y subliminal tránsito para  ser atraídos por esta oleada criminal que se manifiesta de múltiples formas en las bandas criminales, en el microtrafico, en el negocio del robo de los celulares y en la generalizada extorsión que se anida en la oscura profundidad del laberinto policial.

Además del Centro Democrático, del Partido Liberal (uno de cuyos candidatos ya fue puesto preso por parapolítica en Santa Marta), de los Verdes que no se sustraen a esta situación (en el Cauca y el Eje Cafetero van de la mano de unas fichas mafiosas que asustan), del PIN, los movimientos religiosos que pululan,   la Unidad Nacional, el aparato politiquero del señor Santos, es el actor político más infectado por los avales a los parapolíticos.

Dice Ávila que 98 candidatos fijos que participarán en las próximas elecciones 31 están en la búsqueda de un aval tocando puertas en partidos tradicionales y movimientos políticos; 16 se encuentran en el liberalismo, 13 en el Partido Conservador, 18 en La U, 10 en Cambio Radical, 5 en el Centro Democrático, 4 % buscarán una candidatura por firmas y 4 hacen parte de Opción Ciudadana. Señala que en estas elecciones llegarán a alcaldías y gobernaciones las segundas generaciones de muchos parapolíticos que hoy están presos o que ya pagaron su condena.

Hay varios fenómenos: quienes utilizan a sus esposas y familiares en general para conservar su poder político en la región (Caso del Gordo García Romero y la Gata). También están quienes eligen un joven con una hoja de vida limpia para representar sus intereses ilegales, han mutado las mafias y tenemos candidatos de la minería ilegal, de las regalías petroleras, del oro y el contrabando de gasolina en la frontera con Venezuela. Están además ex funcionarios de administraciones donde sus campañas se van a ver favorecidas con recursos públicos (Quindío, Cauca, Meta), especialmente de la mermelada de las regalías petroleras que se robaron los parlamentarios asociados al gobierno santista (http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/elecciones-2015-mafias-en-...).

Esa es la flamante democracia liberal/clientelar que el señor Santos dice no se puede tocar en los diálogos de paz. Es la línea roja política que pretende hacer inmodificable un  sistema político podrido y deslegitimado.

El problema es que Santos y Uribe, quieren utilizar  el desescalamiento para blindar toda esta maquinaria corrupta y autoritaria, para impedir que la democracia ampliada, con derechos y garantías gane terreno con los avances de los diálogos de La Habana.

Nota 1. Tiene razón Mario Morales cuando afirma en su columna de El Espectador que “no hacen bien las acotaciones de tiempo (4 meses, para ir a las carreras) que crispan las sensaciones colectivas y generan incertidumbre y paranoia” en el proceso de paz. Son las versiones de la paz exprés que obsesionan al Jefe de la Casa de Nari

Nota 2. A propósito de la Verdad, justicia y reparación que se debate en La Mesa de conversaciones de La Habana, la Sentencia C-578 de 2002, de la Corte Constitucional (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm), establece en sus conclusiones que: “ninguna de las disposiciones finales del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos  o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano.

La sentencia emitida por la Corte Constitucional en su momento, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, acepta la adopción de indultos y amnistías en los términos de la Constitución colombiana  y en referencia a las conductas en conexidad con los delitos políticos, lo mismo que bajo los principios y normas de Derecho Internacional aceptados por el país.

Además, la Constitución, en su artículo 150, numeral 17,  establece como funciones del Congreso adoptar  “Amnistías o indultos generales por delitos políticos”, obligando, en ese caso al Estado al resarcimiento e indemnización de las víctimas.

Nos quieren meter el cuento de que no había nada que hacer, que la cárcel y la extradición eran/son inevitables e inmodificables. Tahúres, embusteros, mentiroso, así es y procede toda esta plaga jurídica del régimen oligárquico. No hay que dejarse engañar, ni enredar.