La Justicia del Estado de Ceará interdictó recientemente tres Centros Educativos en la capital, Fortaleza: el Centro São Francisco, el São Miguel y el Centro Socioeducativo del Passaré. La decisión de la jueza Mabel Viana Maciel, de la 3ª Jurisdicción de la Infancia y Juventud, responde a la Acción Civil Pública, presentada por el Ministerio Público del Estado el 18 de marzo de este año. De acuerdo con el texto de la decisión, el Estado enfrenta "un caos en el ámbito del Sistema Socioeducativo”. La determinación ordena que el número excedente de jóvenes sea transferido a inmuebles alquilados por el Estado y que sea abolida inmediatamente la medida disciplinaria de aislamiento conocida como "tranca”.

La transferencia de los adolescentes se realizaría en el plazo de hasta 30 días, a contar desde la fecha de la notificación, no sobrepasando el número de 90 jóvenes por casa. Está prevista una multa de 10 mil reales por adolescente en situación irregular por cada día de incumplimiento de la decisión. La estructuración de los nuevos centros de internación provisoria debe incluir también un equipo técnico compuesto por psicólogos, pedagogos y asistentes sociales, así como de servidores, a través de un proceso selectivo simplificado.

En entrevista con Adital, la fiscal de Justicia de la 7ª Fiscalía de la Infancia y de la Juventud, Antônia Lima Sousa, dice que el sistema socioeducativo experimenta una "crisis profunda”. "El Estado tiene un plan, con acciones y metas, pero falta adecuar la realidad del sistema al plan. La práctica está por debajo de lo necesario”, comenta. Para la fiscal, las experiencias exitosas pueden ser una referencia para producir cambios. Cita los ejemplos del Centro de Semilibertad Mártir Francisca y el Centro Aldaci Barbosa, para adolescentes del sexo femenino, ambos en Fortaleza.

En marzo de este año, el Cedeca Ceará (Centro de Defensa del Niño y del Adolescente), la Anced (Asociación Nacional de Centros de Defensa de Niños y Adolescentes) y el Forum DCA (Forum Permanente de las ONGs de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente) presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento denuncia graves violaciones a los derechos de adolescentes privados de libertad en las ocho unidades socioeducativas de internación masculina en el Estado de Ceará. Las entidades solicitan el fin de la tortura y demás violaciones institucionales y piden medidas para la protección de la vida y de la integridad física de los adolescentes. La CDIH ya notificó al Gobierno del Estado y lo convocó a ofrecer aclaraciones.

También en entrevista con Adital, Natalia Castilho, asesora jurídica del Cedeca/CE, comenta que el plazo previsto para la respuesta del Estado a la CIDH venció el pasado 8 de mayo. Dice que no tiene conocimiento de si el Estado respondió, pero evalúa como positivo el interés de la CIDH. Según Natalia, en el plazo de hasta dos meses, la CIDH anunciará si acepta las medidas cautelares solicitadas en la petición. La asesora destaca que el Estado debe dar una "respuesta eficaz” en el combate a las violaciones que vienen cometiéndose.

Inspección

Entre los principales problemas encontrados en los centros educativos están: superpoblación, el uso de la "tranca”, insalubridad, falta de seguridad interna y externa de las unidades, pocos socioeducadores y la ausencia de actividades socioeducativas. De acuerdo con datos del Forum DCA, las unidades interdictadas enfrentan una superpoblación que supera el 400% de su capacidad, con motines diarios y fugas constantes.

Según la inspección de la 7ª Fiscalía a las unidades de internación, en marzo de este año, el Centro Educativo São Francisco albergaba a 194 internos cuando la capacidad es de 60; el Centro Passaré contaba con 177 adolescentes, cuando la capacidad es de 90; el Centro São Miguel acogía a 209 jóvenes para una capacidad de 60. En los tres centros se verificó un ambiente insalubre en todo el edificio, dormitorios, baños y comedor.

En una visita al Centro São Miguel, el 26 marzo, una comisión compuesta por varias entidades, entre ellas la Fiscalía de Justicia de Defensa de la Salud Pública y la Vigilancia Sanitaria, constataron también graves violaciones. Encontraron adolescentes con hematomas supuestamente causados por sesiones de tortura, heridas de mordedura de ratas debido a las pésimas condiciones sanitarias de los dormitorios, marcas de sangre en las paredes, un consultorio odontológico con medicamentos vencidos y jeringas utilizadas guardadas en cajones. El consultorio fue interdictado.

Números de Brasil

Según el Sistema Nacional de Atención Socioeducativo (Sinase) de 2013, hay 448 unidades socioeducativas en Brasil. En relación con el destino por género, el 77% (346) de las instituciones son exclusivamente masculinas, 54 exclusivamente femeninas y 48 son instituciones mixtas. Del total de unidades, 263 (el 58,7%) tiene una destinación específica de franja etaria y 185 no tienen una franja etaria específica. San Pablo concentra 136 unidades (el 30% del total nacional).

En 2011, había 19.595 adolescentes cumpliendo medidas en régimen cerrado y 88.022 en medio abierto (prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida). Comparativamente, los datos del Sinase indican que aumentó la tasa de restricción y privación de la libertad: del 4,5% en 2010 al 10,6% en 2011. También crecieron las infracciones relacionadas con el tráfico de drogas (del 7,5% en 2010 al 26,6% en 2011). Sin embargo, hubo una reducción de actos graves contra la persona de 2010 a 2011: homicidio (14,9% a 8,4%), latrocinio (5,5% a 1,9%), violación (3,3% a 1,0%) y lesión corporal (2,2% a 1,3%).

En las discusiones sobre el sistema socioeducativo, las organizaciones sociales han reivindicado la revisión de la cultura institucional que, hoy en día, está basada en la violencia y en la restricción a los derechos fundamentales de los adolescentes. Además, destacan la necesidad de una amplia discusión sobre los planes pedagógicos desarrollados en los centros.

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