DECLARACIÓN DE APOYO A LA SOBERANÍA DE NICARAGUA Y RECONOCIMIENTO POR SUS LOGROS
Nosotros, los abajo firmantes, apoyamos resueltamente a Nicaragua
como nación soberana. Estamos alarmados y ofendidos por la
declaración del 10 de noviembre por parte de la Casa Blanca de
"emergencia nacional" en Nicaragua, originalmente declarada en
2018 y ahora prolongada hasta el 27 de noviembre de 2023. El
anuncio afirma falsamente que Nicaragua representa "una amenaza
inusual y extraordinaria" para los Estados Unidos. También
observamos la imposición de cada vez más sanciones a Nicaragua por
parte de los Estados Unidos y sus aliados. Por ende,
exigimos a todos los demás gobiernos, medios de comunicación y
organizaciones no gubernamentales lo siguiente:
1. Respetar el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a
sus propios líderes, a su autodeterminación y a decidir su propio
camino al desarrollo.
2. Levantar todas las medidas coercitivas ("sanciones")
contra Nicaragua, que son violatorias del derecho internacional,
ya que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo
nicaragüense, causando tremendo sufrimiento político, social y
económico, especialmente a los sectores más vulnerables de la
sociedad.
3. Al describir o tratar de Nicaragua, utilizar un conjunto
de normas coherentes para la comparación con cualquier otra
nación, independientemente del sistema económico elegido o su
esfera de influencia.
4. Ser riguroso al referirse a Nicaragua, en declaraciones
de política exterior y en noticias y redes sociales:
Instamos a otros gobiernos y a los medios de comunicación a
procurar ser rigurosos, en lugar de demonizar a Nicaragua y
desestimar o ignorar sus muchos logros. Sus políticas y
programas gubernamentales han traído importantes mejoras en las
vidas de los y las nicaragüenses, como son los avances masivos en
la atención médica, la educación, la vivienda y otros servicios
públicos que constituyen ejemplos de cómo la inversión estatal se
puede utilizar eficazmente en beneficio de todo un pueblo.
Muchos gobiernos y medios de comunicación han tergiversado
sistemáticamente el intento de golpe de Estado financiado por
Estados Unidos en 2018 y los daños que causó, culpando de toda la
violencia a la policía y no a los delincuentes que lo orquestaron;
también evitan mencionar la evidencia y las acusaciones contra los
que han vuelto a ser detenidos más recientemente por nuevamente
intentar incitar a la insurrección. Al igual que en la
década de 1980, la desinformación apoya estos esfuerzos de
desestabilización. Echándole sal a la herida, rehúsan
mencionar los efectos nocivos que la pandemia, tres huracanes
destructivos y la escalada de sanciones han tenido sobre el país.
A pesar de todos estos desafíos, en Nicaragua hay seguridad
ciudadana. La actividad policial nicaragüense, basada en la
comunidad, ha generado la confianza y el apoyo de la población y
ha conseguido que el país no sufra la violencia generada por las
drogas y las pandillas, algo habitual en el resto de la región. La
enérgica respuesta a COVID-19 ha permitido que Nicaragua tenga una
de las tasas de mortalidad excesiva más bajas de las
Américas. Su preparación y respuesta a los desastres
naturales ha evitado las numerosas muertes que se produjeron en
los países vecinos a causa de los mismos huracanes e
inundaciones. La economía nicaragüense se ha recuperado y se
han mitigado los efectos de la pobreza, al mismo tiempo que el
gobierno estadounidense y sus aliados en los medios de
comunicación afirman que el pueblo sufre condiciones de opresión y
corrupción.
Las sanciones contra Nicaragua deben cesar. Las medidas
coercitivas unilaterales son ilegales según el derecho
internacional. Por sus efectos sobre los programas
gubernamentales y el empleo en Nicaragua, son especialmente
injustas para las personas más pobres del país. Durante la
pandemia, las sanciones impidieron al servicio de salud acceder a
equipos vitales. Muchas de las personas sancionadas son
funcionarios estatales que prestan servicios públicos vitales,
pero las sanciones les prohíben firmar contratos financieros o
administrar sistemas vinculados al financiamiento
internacional. Estas medidas coercitivas asfixian la
recuperación económica, disuaden la inversión extranjera y ponen
en peligro los empleos. También son contraproducentes porque
impulsan la emigración (aunque la tasa de migración desde
Nicaragua sigue siendo muy inferior a la de la mayoría de los
países vecinos).
Por todo ello, exigimos justicia para Nicaragua, el cese de la
injerencia en su soberanía y el reconocimiento de sus logros.